Durante el acto en que tomaron posesión como nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Oydén Ortega y Jerónimo Mejía prometieron que lucharían contra la corrupción en el órgano judicial.
En su primer discurso como magistrado supremo, Ortega dijo estas palabras: "Tenemos que adoptar una nueva actitud y conducta, la cual nos lleva a adquirir el gran compromiso de impulsar las reformas que se deben hacer dentro de este órgano".
A su vez, Harry Mitchell, el nuevo Presidente de la CSJ, se comprometió a establecer un plan para "prevenir y sancionar" los actos de corrupción en el sistema judicial.
Mejía coronó estas intervenciones, diciendo: "La historia será la encargada de juzgar nuestra actuación al frente de este �rgano".
Qué bueno que todos reconocen la prioridad número uno de la justicia panameña. Sin embargo, como todos los encumbrados en el aparato gubernamental, han arrancado con promesas.
Esas promesas tendrán que enfrentarse a realidades como que más del 90% de los compromisos que asumió esta administración en el Pacto de Estado por la Justicia no han sido cumplidos.
También es una realidad que la imagen del órgano judicial se ha visto gravemente disminuida por la alta percepción de corrupción, y por los altercados públicos entre la Procuradora General de la Nación y la Policía Técnica Judicial, que ahora vive sus últimos días luego de que el Ejecutivo y el Legislativo acordaran su desmantelamiento.
La tarea que tienen por delante es ardua y requerirá de medidas radicales. La ciudadanía no se conformará con menos.