Las investigaciones que adelanta el Ministerio Público sobre el incendio en la cárcel de menores que ya cobró la vida de tres internos, producto de las severas quemaduras que sufrieron, sugieren hacia dónde se encaminan las pesquisas.
Sin duda que es una tragedia que el país lamenta. Aparte de exigir las responsabilidades del caso, lo sucedido nos debe llevar a la reflexión sobre todo a la familia y al Estado.
Hay que fortalecer los valores en la familia para evitar que niños y jóvenes se desvíen del buen camino y lleguen a sitios de reclusión que más que centro de resocialización, son universidades del crimen.
De igual modo es necesario revisar los protocolos de la Fuerza Pública para controlar un motín carcelario y el uso de gases lacrimógenos en espacios cerrados. Así también, los bomberos no pueden estar sujetos a la autorización previa para sofocar un incendio, porque unos segundos hacen la diferencia entre la vida y la muerte.
Aparte de ello, se debe brindar el espacio y la colaboración al Ministerio Público para que se llegue al fondo de la verdad. Panamá requiere conocer lo qué sucedió, para que hechos espantosos como los ocurridos el 9 de enero en la cárcel de menores, no vuelvan a repetirse.
Al final del camino, le corresponderá a los tribunales competentes determinar el grado de responsabilidad de los involucrados y aclarar las circunstancias bajo las cuales sucedieron los hechos.