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Sabe Dios a cambio de qué, la narcodictadura solía permitir la entrada de guerrilleros colombianos a territorio panameño para descansar, abastecerse y ponerse a salvo de las fuerzas armadas de Colombia. He allí el origen del problema de seguridad en el área limítrofe.
La situación se agudizó con el recrudecimiento de la guerra colombiana y el surgimiento de los paramilitares, enemigos de los guerrilleros. En 1993, grupos irregulares secuestraron en Darién a tres misioneros estadounidenses.
En 1996, 20 colombianos ocuparon Boca de Cupe y secuestraron al ciudadano panameño Antonio Ramos. Durante 1997, hubo nuevas asonadas en Boca de Cupe, secuestros, asesinatos y enfrentamientos armados.
En 1999, fueron secuestrados Domingo Samaniego y Alexis Ortiz. En noviembre, un grupo paramilitar asaltó la comunidad de La Bonga, en Kuna Yala. El año siguiente, se registraron enfrentamientos en Unión Chocó, el río Tupisa y Nazareth.
Nada hicieron los gobiernos de Endara y Pérez Balladares para conjurar el peligro en su momento. Esa desidia ha permitido el agravamiento de la situación, como lo demuestra el sangriento ataque a la comunidad de Yape, donde insurgentes colombianos acribillaron a cuatro panameños y secuestraron a tres extranjeros.
Darién y Kuna Yala son parte de la República y el Estado panameño tiene que reforzar su presencia en todos los rincones de la región limítrofe. No podemos dejarla en manos de insurgentes y bandoleros colombianos. Ese es uno de los principales retos de la Nación panameña en su Centenario. |
