La construcción de dos nuevos centros penitenciarios en la capital y el interior del país servirá para aliviar en cierta medida el hacinamiento carcelario en cárceles como La Joya y La Joyita, que hace solo una década estaban siendo inauguradas para redistribuir y "humanizar" un sistema penitenciario cuyo emblema era la infame Cárcel Modelo.
Estas cárceles de 10 millones de dólares son una solución a corto plazo para el tema del hacinamiento. Pero también puede decirse son una solución fácil.
Y es fácil porque la responsabilidad primaria de un gobierno en el tema de la seguridad no es buscar más lugares para ubicar a la creciente población penitenciaria, sino crear las condiciones necesarias para que cada panameño pueda vivir una vida digna, en la que el delito sea verdaderamente la última opción para la propia supervivencia.
Inevitablemente, temas como la prevención y una efectiva resocialización pasan a último plano cuando en los círculos políticos se habla del tema de la seguridad y el delito.
Panamá está viviendo una etapa importante, pero sumamente peligrosa, en momentos en que el crecimiento económico (del cual se vanagloria esta administración cada vez que tiene la oportunidad) se está tornando en un arma de doble filo. Los altos precios de las residencias están empujando cada vez más lejos de la ciudad a la población de clase baja y media; los productos básicos aumentan prácticamente cada mes, la luz, el combustible suben y suben; y muy probablemente el transporte también lo hará. El abismo que separa a los ricos de los pobres se agiganta, y si este gobierno y los futuros gobernantes no reconocen que esto es caldo de cultivo para más delincuentes, tendremos que construir cada año una nueva cárcel de máxima seguridad.