El ministro de la Presidencia, Rafael Mezquita, deberá rendir una declaración jurada a través de un cuestionario que la remitió a la Fiscalía Segunda Anticorrupción dentro de la investigación que se realiza contra los tres ex capitanes del Servicio de Protección Institucional (SPI), destituidos por escoltar a David Murcia Guzmán.
Al mismo tiempo, se ha solicitado la declaración del ex jefe de la Dirección de Investigación Judicial, José Ayú Prado, quien dirigió la entidad cuando fue capturado Murcia Guzmán, el 19 de noviembre de 2008.
En este proceso sumarial ha sido citada a la Fiscalía Segunda Anticorrupción, Giselle Jaimes Sánchez, hija de la ex secretaria general de la Presidencia de la República, Dalvis Xiomara Sánchez, quien fue señalada como la persona que fue contactada por el ex petejota �lvaro Bravo para que le proporcionara nombres de miembros del SPI que pudieran servir de escolta a un empresario colombiano.
Según el informe emitido en la Junta Disciplinaria, a la que fue sometido el agente de seguridad 3, Fernando Aguilar, fue Giselle Jaimes Sánchez quien lo contactó.
Por el momento, la Fiscalía no ha especificado en qué delito han recaído los tres ex miembros del SPI, Fernando Aguilar, Rodrigo Ureña y Arles Araúz, debido a que no se conoce si los ex escoltas laboraron en su tiempo libre o si utilizaron sus armas de reglamento que les asignaron como seguridad presidencial.
Para los investigadores es importante conocer cómo se dio el contacto para llegar a custodiar a Murcia, dueño de la captadora financiera DMG, ahora detenido en Colombia y solicitado en extradición por los Estados Unidos por el presunto delito del narcotráfico.
Los tres ex miembros del SPI esperan la decisión de la Presidencia de la República de las apelaciones que realizaron hace dos semanas, cuando se dio el escándalo de sus participaciones al lado de Murcia Guzmán.