La Corte Suprema de Justicia decidió no admitir el Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto por el destituido Defensor del Pueblo, Liborio García, contra la decisión de la Asamblea Nacional de Diputados, de removerlo del cargo.
Independientemente de los argumentos que utilizó el pleno para justificar su decisión, lo cuestionable es que se haya esperado cerca de casi un año para definir el caso.
Pareciera que el caso dormía en los archivos del Organo Judicial y fue desempolvado urgentemente, porque ya se acercaba el plazo para que los diputados procedieran a la elección de un Defensor del Pueblo, en propiedad.
El caso de Liborio García es como otros tantos que permanecen en los despachos judiciales, sin que los jueces o magistrados adopten una decisión final. El Amparo de Garantías, por ser un recurso extraordinario, debe ser resuelto en corto tiempo.
Además hay recursos como los de Habeas Corpus, para definir la legalidad o no de una detención, que deben ser resueltos en 24 horas, pero eso casi nunca sucede, salvo que se trate de un personaje influyente en el mundo económico, político y social.
Esas son las cosas que contribuyen al deterioro de la justicia en Panamá. No se justifica que en tiempos modernos con avances tecnológicos, los encargados del Organo Judicial, se demoren una eternidad para dictar los fallos.