La primera es económica: el proyecto parece ser un mal negocio para Panamá, pues lo más probable es que sus costos superarían a sus beneficios. Dicho de otra forma, la rentabilidad de este proyecto sería ínfima o "negativa", hecho que la ACP pretende encubrir subestimando los costos de inversión del proyecto e inflando los pronósticos de tránsitos e ingresos, aun por encima de lo que sugieren sus propios "expertos".
La segunda razón es que ni el Gobierno ni la administración de la ACP se merecen la confianza del pueblo panameño. El Gobierno, controlado por el PRD, tiene antecedentes funestos en materia de probidad y responsabilidad fiscal, aparte de que ha incumplido todas sus promesas electorales. El Administrador es miembro de la ACP, y están vinculados comercialmente con empresas que se beneficiarían de la construcción de las nuevas esclusas.
La tercera razón son las prioridades nacionales. Existen en Panamá grandes necesidades sociales y económicas que deben ser afrontadas hoy, no postergadas por más tiempo.
La cuarta razón es la seguridad ambiental y social del país. Existe el peligro de que las nuevas esclusas y sus "tinas de reciclaje" incrementen la salinidad de los lagos, al suscitarse sequías que afectan cíclicamente al país, causen la reducción del nivel de dichos lagos a niveles críticos.