Organizaciones internacionales se sumaron ayer a periodistas y editores de Venezuela en su rechazo a un proyecto de Ley contra "delitos mediáticos" que, según el Gobierno de ese país, tiene como objetivo "regular" la libertad de expresión.
"Es agradable que después de tanto tiempo, por la vía de una ley, se pueda hacer esto" en la lucha contra el "envenenamiento" de una sociedad donde la libertad de expresión no debe ser "la libertad más sagrada", dijo ayer el ministro venezolano de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, a la emisora estatal VTV.
Las palabras de Cabello contrastan con las utilizadas por el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Organización Internacional de Radiodifusión (AIR) y Human Rights Watch en relación con el proyecto de Ley contra los Delitos Mediáticos presentado este jueves a la Asamblea Nacional por la fiscal general, Luisa Ortega.
Según la fiscal, el objetivo de la norma, que establece penas de cárcel para delitos mediáticos, es "regular la libertad de expresión" en Venezuela dado que existen "nuevas formas de criminalidad surgidas del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión".
Es un "devastador golpe contra lo que queda de democracia" en Venezuela, señaló la SIP por boca de su presidente, el colombiano Enrique Santos Calderón, mientras para la AIR, con sede en Montevideo, constituye "una verdadera lápida a las libertades de pensamiento, expresión y opinión" en Venezuela.
La AIR solicitó a "la comunidad internacional y en especial a las democracias de la región, activar los mecanismos que permitan precaver el colapso institucional que amenaza la democracia y las libertades fundamentales en Venezuela, producto del gravísimo deterioro de las libertades de pensamiento, expresión y opinión".
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela alertó el jueves que la aprobación del proyecto de ley "colocaría a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por tener opiniones y hacerlas públicas".
Teodoro Petkoff, editor del rotativo Tal Cual y ex candidato presidencial, consideró que es la propuesta "legal más salvaje y brutal" de la historia contemporánea de Venezuela, y le atribuyó "una inspiración hitleriana", ya que -dijo- "transforma prácticamente cualquier opinión, cualquier información, en un delito".
SANCIONES
El proyecto de la Fiscalía, según su enunciado, contempla sancionar las "acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atentan contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social".
En el texto se prevén penas de cárcel que van desde seis meses a cuatro años para quienes divulguen noticias falsas, manipulen noticias, se nieguen a revelar información, ejerzan coacción mediática u obstaculicen actividades de medios de comunicación.