El año pasado, después de más un centenar de muertes en los últimos 10 años y constantes protestas virulentas, por las pésimas condiciones de inseguridad que tradicionalmente existió en la industria de la construcción, se promulgó un reglamento para regular la Seguridad, Salud e Higiene en esta actividad.
Se esperaba que con la nueva norma se minimizaran los accidentes y no se volvieran a repetir las dantescas imágenes de obreros mutilados, aplastados en el suelo o enterrados vivos en los subterráneos de los nuevos proyectos de rascacielos que adelanta la industria del acero y cemento.
Un elemento destacable eran los "Comités de Seguridad" en cada proyecto inmobiliario, tanto en los que son promovidos por empresas privadas como los que desarrolla el sector público.
En una labor tan peligrosa como la construcción, se hace necesario que las empresas y los obreros cumplan fielmente las normas de seguridad, porque se está en juego la vida.
De igual modo, el gobierno debe cumplir su labor vigilante para hacer cumplir los reglamentos y no tomar medidas después que se producen accidentes fatales como el ocurrido el viernes que cobró la vida de dos panameños.
Cada cierto tiempo se produce en Panamá una tragedia, que pone al descubierto la falta de supervisión de las instituciones que deben velar que se cumplan las regulaciones vigentes.
Los servidores públicos deben entender que la comunidad les paga sus salarios y por ende deben cumplir con las responsabilidades referentes a su cargo y no esperar a que alguien pierda la vida para hacer cumplir las leyes.