La intención del gobierno de regular y rastrear las comunicaciones telefónicas y de la red de internet, es un asunto que debe ser analizado cuidadosamente. Cuando se entra al tema de la privacidad de las comunicaciones, se está en una línea delicada.
La gente decente está clara en la necesidad de contar con mecanismos para perseguir los carteles de las drogas, terroristas, secuestradores, homicidas y otra clase de peligrosos delincuentes, pero eso se debe hacer sin traspasar barreras que protegen los derechos del resto de la sociedad.
Si la idea es tener un registro de los llamados celulares prepago, que son casi el 93% de los que se utilizan en Panamá, se debe entonces hacer obligatorio a los proveedores que cuando alguien compre uno de esos aparatos presente su cédula y llene una tarjeta con sus datos personales.
En la represión del crimen organizado ya está permitida la intercepción de las llamadas telefónicas con la autorización de la Corte Suprema de Justicia, por lo que se debe analizar si ir más allá es conveniente.
El problema muchas veces no son las leyes, sino la gente encargada de aplicarlas. Hay funcionarios con mentes torcidas que tratan de utilizar información confidencial y personal para fines ajenos a una investigación criminal.
Panamá vivió una amarga experiencia con el G-2 de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Defensa, por lo que el tema aprobado en el Gabinete debe ser debatido ampliamente y asegurar que no se violenten derechos fundamentales de los panameños.