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La guerra legal respecto al supuesto incumplimiento en el contrato para el mantenimiento de boyas y faros en el Canal de Panamá, por parte de la empresa Ports Enginering and Consultans Corp, prosigue tras un nuevo recurso interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia.
En el amparo de garantías constitucionales se pide el levantamiento de una resolución número 861, fechado 9 de octubre "con la cual se ordena medidas cautelares contra los bienes muebles e inmuebles" de esa empresa ordenada por el Contralor General de la República, Alvin Weeden, según la acción legal presentada por el jurista Carlos Carrillo.
A consecuencia de la cautelación de bienes, "ningún empleado de la empresa ha podido laborar, toda vez que se le ha impedido mediante el abuso de poder, el ingreso al lugar de trabajo", según el recurso. |
