Guatemala: Contraloría desconoce acuerdo en caso Odebrecht

El subcontralor del Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala (CGC), César Elías, dijo hoy que desconoce el "feliz acuerdo" al que llegó el Ministerio de Comunicaciones con la constructora brasileña Odebrecht, respecto de la carretera inconclusa que dejó la empresa.

Estas declaraciones se produjeron en una citación de la bancada opositora Encuentro por Guatemala, para que explicara los pormenores de las auditorías realizadas al contrato entre Guatemala y Odebrecht y detallara en qué consistía el "feliz acuerdo" entre las partes al que hizo referencia el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Aldo García, esta semana.
El subcontralor expuso que debido a que el caso se encuentra en investigación por la Fiscalía no podría ofrecer detalles del informe aportado al ente perseguidor, pero aseguró desconocer cuáles eran "los términos de feliz acuerdo (con Odebrecht) al que se refirió el ministro de Comunicaciones".
La jefa de bancada de Encuentro, la diputada Nineth Montenegro, lanzó preguntas que quedaron al aire como "¿a cuánto asciende el pago a la empresa?", "¿cuál es el porcentaje de avance de la obra física?", "¿Odebrecht pagó la fianza al Estado por incumplir el acuerdo?" o "¿para quién es 'feliz' el acuerdo?".
Aún no está claro si ese "feliz acuerdo" implicó un pago de parte del Gobierno a la empresa, pero al respecto el subcontralor aclaró que "La ley orgánica del Presupuesto Público establece que el responsable de la ejecución presupuestaria es responsabilidad del ministro".
En 2012, el Parlamento de Guatemala aprobó de "urgencia nacional" la contratación de un préstamo (ya suspendido, según el subcontralor) con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) por 399,4 millones de dólares para llevar a cabo la construcción de la carretera CA-2 Occidente, desde Cocales, Escuintla, a la frontera (con México) de Tecún Umán, San Marcos.

LEE TAMBIÉN: Puerto Rico sigue sin electricidad un mes después de María

Sin embargo, en junio de 2016 la empresa brasileña anunció que no cumpliría con el contrato y que había ejecutado un gasto del 70 % de la obra, la cual solo había avanzado un 33 % y que, además, había hecho un cambio en el pacto inicial en la distancia: pasó de 148 kilómetros a 48, con un asfalto "más resistente".
Durante la citación de la diputada Montenegro, el subcontralor confirmó una "diferencia aproximada" de la ejecución del gasto y de la obra física (70-30 %), lo cual "es un hallazgo", pues "el anticipo no fue amortizado como corresponde".
La parlamentaria enfatizó que "más allá de inmoralidades, hay ilegalidades", pues únicamente debía otorgarse "un adelanto presupuestario del 20 %", algo que fue superado con creces.
La CGC, a decir del abogado Elías, está analizando el proceso "desde dos aristas": el penal con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) -enlace de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)- y el resarcimiento al Estado, con la Procuraduría General de Cuentas, la cual se encuentra "muy preocupada".
Montenegro también le cuestionó al subcontralor por la tardanza de la Contraloría, puesto que el préstamo viene desde el 2012 y no se realizó "nada" hasta ahora, a lo que el funcionario contestó que "no sabemos por qué la unidad de registro de contratos no practicó la auditoría concurrente en su oportunidad", por lo que la congresista pidió datos del personal que laboró en la institución de 2012 a 2015.

LEE TAMBIÉN: Corea del Norte amenaza con un "ataque inimaginable" a EEUU

César Elías indicó que el informe de la Contraloría en poder de la Fiscalía cuenta con la investigación que realizó sobre "la calidad de la cinta asfáltica", con lo que pudieron establecer "lo poco que se realizó bajo características técnicas adecuadas", por lo cual ya presentó "una acción penal".
Según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en unos 12 países de América Latina, entre ellos a Guatemala, donde dio 18 millones de dólares a funcionarios entre los años 2013 y 2015.
Este período corresponde al Gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, cuyo ministro fue el prófugo Alejandro Sinibaldi, vinculado a otro caso de corrupción.