Senado paraguayo es sacudido por acusaciones de "golpe"

La división en la clase política paraguaya por la intención de algunas formaciones de habilitar la reelección presidencial tuvo hoy una turbulenta escenificación en el Senado, que se partió en dos mitades, una de ellas votando fuera de la sala de sesiones y con algunos legisladores denunciando un "golpe parlamentario".

La sesión, cargada de imprecaciones e insultos entre algunos legisladores, tuvo como colofón la reunión de 25 senadores en la oficina del Frente Guasú, del expresidente Fernando Lugo (2008-2012), y la aprobación de un proyecto para cambiar el reglamento interno de la cámara, mientras que el resto de legisladores permaneció en la sala de sesiones.
Los cambios en el reglamento aprobados por esos senadores incluyen eliminar atribuciones del presidente del Senado, como rechazar proyectos.
También disminuir el número de votos necesarios para que un proyecto como el de la enmienda constitucional sea dictaminado en comisión para su tratamiento posterior en el pleno.
El izquierdista Frente Guasú y el conservador Partido Colorado trabajan desde hace semanas en la redacción de un proyecto de enmienda constitucional para ser presentado en el Senado, que ya lo rechazó en agosto.
Ese proyecto va encaminado hacía que el presidente paraguayo, Horacio Cartes, y Fernando Lugo, puedan presentarse a las elecciones generales de abril de 2018.
La Constitución paraguaya prevé un mandato presidencial de cinco años y establece que ni el presidente ni el vicepresidente "podrán ser reelectos en ningún caso".
El proceder de los 25 senadores fue calificado como "golpe parlamentario" por legisladores como Eduardo Petta y otros.
Esos senadores presentaron una denuncia ante el Ministerio Público y un pedido de desafuero contra el senador Julio César Velázquez, vicepresidente segundo de la Cámara Alta, por usurpación de funciones públicas y atentado contra el orden constitucional.
Además la Asociación de Empresarios Cristianos llamó a los ciudadanos a manifestarse "contra de esta artimaña vergonzosa, y a favor del imperio de la legalidad".
La Asociación dijo que el comportamiento de esos legisladores "demuestra los extremos a que son capaces de llegar quienes propician la enmienda para la reelección, hasta el punto de usurpar funciones constitucionales de las autoridades de la Cámara Alta".
Por su parte, el Partido Liberal, el mayor de la oposición, ha convocado manifestaciones en Asunción contra el "golpe parlamentario".
La tensión estuvo presente en la sala de sesiones del Senado desde primeras horas de la mañana, cuando los senadores se reunieron en una sesión que convocó a decenas de periodistas.
Los senadores aguardaban la decisión del presidente del Senado, Roberto Acevedo, sobre la solicitud presentada el lunes por doce senadores para modificar el reglamento interno de la cámara.
Según los legisladores contrarios a la enmienda constitucional, ese cambio prefiguraba una posterior etapa para tratar la enmienda, que de ser aprobada habilitaría la reelección presidencial y estaría seguida de un referéndum ciudadano.
Sin embargo, Acevedo se negó a convocar esa sesión extraordinaria para hoy y resolvió hacerlo para el jueves, aunque los senadores permanecieron en sus escaños.
Luego el senador Julio César Velázquez dio trámite al proyecto de cambio de reglamento, lo que fue calificado de ilegal por diversos legisladores que consideraron que se atribuyó funciones del presidente de la Cámara.
Posteriormente el proyecto fue remitido a la Comisión de Peticiones de Poderes y Reglamentos, que aconsejó en un dictámen su aprobación, según dijo a los periodistas el senador oficialista Juan Dario Monges.
Monges admitió además que con esos cambios se allana el camino hacía la presentación del proyecto de enmienda constitucional, aunque no dijo cuando se llevaría al Senado.
Quienes rechazan la enmienda, como el Partido Liberal, aducen que es inconstitucional y alegan que la reelección solo se puede dar a través de una reforma de la Carta Magna.
Además señalan que ese proyecto no puede volver a ser tratado hasta pasado un año de su anterior tratamiento, en agosto pasado, cuando fue rechazado, según la reglamentación parlamentaria.