A 2.° debate proyecto de descentralización

A pesar del temor a un futuro reavalúo de las residencias de los panameños, los diputados "gobiernistas" del panameñismo, PRD y CD de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa aprobaron ayer en primer debate el proyecto 234 que reforma la Ley 37 de 29 de junio de 2009, que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones.

El excandidato a la vicepresidencia Gerardo Solís dijo que los reavalúos son una canallada con un pueblo que está cansado de "gobernantes farsantes". "Es verdad lo que dice la diputada Zulay Rodríguez: hay un peligro real para los hogares de todos los panameños con esos reavalúos", añadió.

El proyecto pasará el próximo lunes al pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en segundo debate.

Los que apoyan el proyecto alegan que se introdujeron tres artículos que eliminan los reavalúos y nuevos valores catastrales, hechos a través de la Ley 8 de 2010.

"La población puede estar tranquila y no tiene que ver nada con avalúos y reavalúos", expresó el diputado Javier Ortega, quien aseguró que el cobro de nuevos impuestos no está incluido en el proyecto.

Igualmente se aprobó que haya una distribución de los ingresos producto del cobro del impuesto de inmueble: 60% para proyectos distritales y 40% que entre las juntas comunales del distrito para obras sociales.

A la comisión se presentó el político perredista Gerardo Solís, quien insistió que "en la ley existe la posibilidad de que se hagan avalúos y remates".

Por su parte, Horacio Estribí, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dijo que con la modificación de los artículos 112 y 113, tal como estaban concebidos, se aleja esa posibilidad de aumentos del impuesto, "si es que alguna vez existió", según dijo.

Los diputados integrantes de la comisión propusieron la modificación del artículo 770 del Código Fiscal para que "los avalúos generales y parciales se hagan cumpliendo con los requisitos que para tal fin establezca la Dirección Nacional de Información Catastral y avalúos de la Administración Nacional de Tierras (Anati), siempre que respondan a una programación debidamente estructurada con el procedimiento que establece la presente ley, en ningún caso estos avalúos podrán decretarse de oficio".

Igualmente, se aprobó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfiera recaudación de bienes inmuebles a cuentas de Gobiernos locales para que la inviertan a su discreción.

Los $180 millones del impuesto de inmueble es el monto que se deben repartir 77 municipios y 648 juntas comunales. Mediante una "fórmula de solidaridad", ningún municipio recibirá menos de $500 mil.