Abstención de Panamá en OEA parece jugada maquiavélica

La abstención de Panamá en la Organización de Estados Americanos (OEA) que impidió a Colombia sentar a Venezuela en el foro panamericano para ventilar la crisis en la frontera común es un pase de factura a los colombianos o el gesto para recuperar una deuda millonaria de los venezolanos a particulares. "Los colombianos no merecen el apoyo de Panamá porque han sido muy injustos", sentenció el abogado internacionalista y miembro del gobernante Partido Panameñista Adolfo Linares, mientras su colega Miguel Antonio Bernal dijo que "es producto de una conversación con los venezolanos para recuperar una deuda a particulares, específicamente los Motta" (familia panameña propietaria de la aerolínea COPA). Ambos hablaron hoy, por separado, con Acan-Efe tras las declaraciones del presidente panameño, Juan Carlos Varela, y las explicaciones de su vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo, para justificar la abstención que ayer impidió a Colombia lograr la convocatoria de los cancilleres de la OEA con el fin de analizar su diferendo con Venezuela. Desde su orilla, ambos tienen sus razones, pues Linares, ex viceministro panameño de Educación, recordó que Colombia "se ha aliado" con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para "como un matón" apoyar la inclusión de Panamá en listas de paraísos fiscales que le están haciendo "mucho daño". El ex funcionario señaló "estar de acuerdo" con la abstención de Panamá, aunque matizó que desconocía las razones de esa postura. La diplomacia "se basa en la reciprocidad", sentenció. Mientras tanto, Bernal calificó como "torpe" la decisión de la política exterior de Panamá porque desconoce compromisos y pactos con su vecino, como el tratado bilateral de Montería, invocando una supuesta neutralidad que "no tiene nada que ver". El constitucionalista y que fuera brevemente asesor del gobierno panameñista de Mireya Moscoso (1999-2004), ve el interés de canjear con Venezuela la recuperación de las deudas "a particulares, específicamente los Motta", que tienen empresas de ese país y que se calculan en unos 1.000 millones de dólares. "La sacada de tabla" a los colombianos, "no me cabe la menor duda es para favorecer los intereses económicos de particulares, pero eso nos deja como un país sin personalidad internacional", sostuvo el catedrático Bernal. Desde hace unos 3 años importadores venezolanos deben a las empresas de Zona Libre unos 500 millones de dólares, de los cuales poco más de 400 millones a Motta Internacional, según dijo una abogada a Acan-Efe, a lo que se suma una cifra similar a Copa Airlines, donde la familia Motta es también principal accionista, por la indisposición de dólares para convertir los bolívares al billete verde. El influyente diario La Prensa editorializó hoy sobre la postura panameña y le dirigió un mensaje directo a Varela: "Como nos duele cada maltratado al amparo que la impunidad de ese voto le dio a Venezuela. Ese no es el comportamiento de un país que dice defender los derechos humanos en foro internacionales. Así no es, señor Presidente". Según Varela y De Saint Malo, la intención de Panamá es mediar en el conflicto bilateral y que los presidentes colombiano, Juan Manuel Santos y venezolano, Nicolás Maduro, se siente pronto a dialogar, para lo que ofrecieron su territorio, con el fin de evitar una crisis humanitaria tras el cierre de la frontera por parte de Caracas. Pero la canciller colombiana, María ngela Holguín, expresó ayer mismo su estupor con la abstención de Panamá y dijo que en la víspera tenía comprometido el voto de apoyo de los panameños para la cita de Washington. No obstante, la diplomática puso en el medio a Panamá porque admitió que Maduro ha enviado a Santos varios mensajes por intermedio de Varela, aunque no le contesta el teléfono directamente al gobernante colombiano. Un tramo de la frontera entre ambos países está cerrada desde el 19 de agosto por orden de Maduro, como parte de una campaña contra el contrabando y supuestos paramilitares, que incluyó la declaración del estado de excepción en seis municipios y la deportación de más de mil colombianos. Según el informe que las entidades entregaron a la ONU al concluir su visita, al menos 10.000 personas han retornado a Colombia por miedo en los últimos trece días, en tanto que "otras 1.100 han sido deportadas". Entre Colombia y Venezuela permanecen cerrados actualmente cerca de 160 kilómetros de límite fronterizo de los 2.219 kilómetros totales entre ambas naciones, a las que Panamá tiene algo que cobrarles.