¡Bomba de tiempo!

Los acontecimientos en Panamá ponen de manifiesto el peligro de una explosión social. Ya no solo es el Gobierno lento y el estancamiento económico, sino la reacción de diversos sectores que espontáneamente se manifiestan contra el sistema.

El país está como una granada al que el abusivo aumento de 1,000% en el Registro Único Vehicular le quitó la argolla de seguridad sobre la espoleta y nos puede estallar en cualquier momento, resumió el abogado Raúl Ossa.

“El pueblo está tan cabreado, no cree en ninguno de los órganos del Estado, la institucionalidad está deteriorada, hay una presión acumulada que cualquier pretexto puede ser el detonante ante tanta frustración y desesperación”, sostuvo Ossa.

Abucheos en parque Omar

Apenas anteayer, la reacción de rechazo total a la propuesta del Ejecutivo sobre el único pulmón verde de la ciudad: el parque Omar, fue contundente. Ya no fue la gente de los sectores populares que cada día cierra calles para reclamar agua potable y reparación de las vías con más huecos que un queso roquefort. Ahora se trató de la clase media, que abucheó al presidente Juan Carlos Varela y aplastó la oferta gubernamental de “invertir” $35 millones en esas instalaciones.

Dos días antes, el sector empresarial agrupado en la Cámara de Comercio sostuvo una candente reunión donde amenazaron con demandar por inconstitucional el Control de Precios del mandatario Varela, porque la medida es contraria a la libre empresa y ha trastocado la producción nacional y la comercialización de alimentos.

Para el 5 de enero hubo otro abucheo espontáneo al propio mandatario Juan Carlos Varela y a su vicepresidenta Isabel de Saint Malo, cuando en las instalaciones de los diarios La Estrella y El Siglo se mencionaron sus nombres, cuando se comunicaba la extensión a la licencia a ambos medios incluidos en la Lista Clinton.

Para mañana hay una protesta en Divisa de los arroceros molestos por la importación del grano.

El detonante de la ATTT

Pero lo que más molestó a los panameños fue el sablazo monumental de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) a los dueños de vehículos, aplicando aumentos súbitos, sin consulta previa y sin vaselina hasta de 1,000% en concepto de Registro Único de Vehículos Motorizados (RUVM).

Mediante la resolución JD-03 del 3 de enero de 2017, la entidad impone tasas de inscripción de RUVM de $100 a los autos con un valor menor a los $15 mil.

De $15,001 a $50 mil, la tasa será de 1% del valor total del vehículo; es decir por un auto de $15,001 se pagaría $150 y por el de $50,000 unos $500.

Si es un auto de $50,001 a $85 mil, la tasa sube a un 1.25%. Cualquier auto más caro que eso pagará tasa de 1.5%.

Anteriormente, los autos de hasta $15 mil pagaban $10. Cualquier auto más caro pagaba una tasa de 0.1% de su valor.

El zarpazo adicional al bolsillo de los panameños sería de $25.3 millones, según estimaciones de la propia ATTT, cuyos ingresos por el Registro Único de Vehículos Motorizados (RUVM) alcanzan hoy día $8 millones.

Todas estas tasas aplican para autos nuevos y para los de segunda importados. Cada año se venden en Panamá cerca de 60 mil autos nuevos.

Y es que la decisión de la ATTT puede ser la mecha que detone una bomba de tiempo social que le puede explotar en las manos al gobierno de Varela.

Ante la medida de la ATTT, grupos de ciudadanos se han organizado a través de las redes sociales para paralizar el país el miércoles 18 de enero a las 2 de la tarde.

Copiando algo aplicado durante la “Primavera Árabe”, circula por WhatsApp, Twitter y Facebook, que a las 2:00 p.m. del miércoles todo el pueblo debe dejar de laborar y salir a las calles a protestar contra el aumento del costo del Registro Único Vehicular.

“Tenemos que unirnos y poner un alto, el Gobierno nos está hundiendo y nosotros nos estamos dejando hundir. Todo el mundo a la calle, fuera de las oficinas, talleres, restaurantes, donde nos encontremos diremos basta ya”, destaca el comunicado.

Odebrecht, el cuco de todos

Todas las situaciones anteriores están incomodando a una población pasiva ante anteriores situaciones, pero hay otro tema latente que preocupa a toda la clase política y a otros actores en Panamá como empresarios, abogados, la iglesia y hasta a periodistas: el caso Odebrecht.

La idea del varelismo y su procuradora Kenia Porcell es limitar la investigación al anterior Gobierno, pero ya se organizan grupos para reclamar que las pesquisas incluyan a la administración de Martín Torrijos y de Juan Carlos Varela.

La sola presentación de una procuradora nerviosa y temblorosa que no permitió preguntas en una “conferencia de prensa” en la que anunció su acuerdo “verbal” donde Odebrecht promete devolver $59 millones de las coimas o sobrecostos, fue el dibujo de lo explosivo que es el tema.

Esa comparecencia fue muy diferente a la de ayer en el Desfile de las Mil Polleras, donde se observó a una procuradora radiante bailando al ritmo del tamborito.

Pero ya hay temores sobre la parcialidad de las investigaciones del Ministerio Público. Las fiscales especiales que se mencionan son las mismas que con el guion preparado por el aparato de espionaje presidencial, armaron los casos contra exfuncionarios de Cambio Democrático, por eso ya hay movimientos reclamando investigar a todos, desde la llegada de los brasileños a tierras istmeñas de la mano de una “eminencia” ligada al hombre que maneja los mejores negocios de Panamá.

Paralelo al anuncio del acuerdo, la Procuraduría introdujo –como quien quiere y no quiere- el tema del proyecto 245 que busca una reforma al artículo 220 del Código Procesal Penal, que regula los acuerdos entre imputados y el Ministerio Público, donde dependiendo de su “delación” o sapería, se pueden hasta obviar la formulación de los cargos.

Por lo pronto, ya en redes sociales circulan nombres de los bancos utilizados presuntamente por mover el dinero. Allí figuran como directores figuras ligadas a altos cargos del Panameñismo y del mundo empresarial.

Hace poco, la Superintendencia de Bancos de Panamá multó a 9 bancos con sumas de entre $6,000 a $1 millón por no cumplir cabalmente con las normas tendientes a combatir el blanqueo de capitales.

Pero además, la Intendencia de Sujetos No Financieros aplicaría sanciones a por lo menos 8 empresas por temas relacionados con el incumplimiento de leyes y normas en materia de lavado de dinero.

Para colmo, la calificadora Fitch Ratings advirtió que para el 2017 la situación de los bancos no sería muy halagadora y habrá deterioro de los préstamos y en la rentabilidad. Ya algunos bancos están frenando sus facilidades de préstamos, las tasas estarían aumentando y se pretende reducir los plazos de pago.

Contraloría y el cuello de botella

Al mismo tiempo, el Gobierno sigue a paso de tortuga. La Contraloría es un “cuello de botella”, donde un contrato toma casi 280 días en ser tramitado. Los funcionarios tienen miedo de firmar documentos, porque temen que si sube el CD o el PRD, pueden quedar presos en el 2019, destacó un exfuncionario perredista experto en finanzas públicas.

El panameño de a pie observa avenidas en la capital llenas de huecos, alcantarillas donde la mierda se desborda, se accidenta un camión y hay que esperar horas para removerlo, porque nadie se inmuta. Los altos cargos están más que todo atentos para las sociales o salir en pantalla…son unos “taquilleros”, pero no resuelven lo cotidiano.

El contralor Fredy Humbert casi no delega y hasta los contratos de cifras menores como de $30 mil los quiere refrendar, tal como sucede ahora mismo con la Asamblea Nacional, denunció un viejo exfuncionario de la Contraloría.

A juicio del exfuncionario, esas situaciones hacen que la economía no aterrice, hay un pánico colectivo y el efecto multiplicador de la inversión pública que establece que por cada dólar que mueve el Estado se multiplica por 2 o 3 dólares, no se ve, salvo para un “círculo cero” allegado a Varela, a quienes todo se le agiliza.

Estado fallido

Para el arquitecto George Kourany la situación del país puede degenerar en un Estado “fallido”, donde en un “bang…bang estalla la olla de presión y puede desbordarse una insurrección popular ante las insatisfacciones acumuladas”. Hay quienes “añoran hasta la intervención gringa”, alertó el planificador.

Kourany sostuvo que el aumento de salarios a subcomisionados y comisionados genera malestar popular. Y es que mientras a estos se les conceden aumentos de $600 (19%) y $800 (23%), al panameño común se le incrementó en apenas 8.5% el salario mínimo.

Ya hay quienes alegan que sectores del panameñismo acarician la idea de la constituyente, pero algunos despistados se atreven a pensar que el propósito sería para alargar por dos años más en vez de acortar el mandato de Varela.

Panamá parece un campo minado: a lo externo con sus Mossack Fonseca Papers y Listas Negras; y a lo interno con un caldo de cultivo de insatisfacciones sociales que hasta el más ingenuo lo ve venir. ¿Tendrá la dirigencia nacional capacidad de sortear los peligros que acechan? ¡El país no puede seguir en medio de una constante crisis y reculadera!