Chanis denuncia ante CIDH y otros organismos en Washington, acoso contra Epasa

El presidente del Grupo Epasa, Ricardo Chanis, realiza intensas gestiones ante organismos internacionales desde que el mandatario Juan Carlos Varela lanzó una advertencia contra este medio sobre la existencia de supuestas investigaciones penales.

El 26 de junio pasado, como presidente y representante legal de Editora Panamá América, Chanis presentó ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), con oficinas en Washington, una solicitud de medida cautelar en contra del Estado panameño y a favor de Epasa, sus directores, periodistas y demás colaboradores.

La solicitud se basa en las constantes violaciones del Estado -en contra de Epasa- de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de la cual Panamá es signataria.

El artículo 13 de la Convención establece que ningún Estado parte puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

El 20 de julio pasado, Chanis recibió una nota oficial del 18 de julio de 2016 suscrita por Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva, adjunta de la CIDH, que notificaba que la solicitud había quedado radicada en su despacho con el número MC-492-16 y solicitaba información adicional al respecto.

El 4 de agosto pasado, en cumplimiento de la nota de 18 de julio suscrita por Abi-Mershed, Chanis presentó ante la CIDH un escrito de ampliación proporcionando la información adicional solicitada, incluyendo 12 pruebas documentales que dan soporte adicional a la petición.

Posteriormente, el 16 de septiembre, por motivo de nuevas actuaciones de autoridades del Gobierno Nacional en contra de Epasa, en violación a la Convención Americana de los Derechos Humanos, Chanis presentó ante la secretaria ejecutiva de la CIDH una segunda ampliación, esta vez voluntaria.

El 18 y 19 de octubre de 2016, encontrándose Chanis en Washington, cumpliendo con compromisos adquiridos de forma previa en relación con la solicitud de Epasa, presentó ante la CIDH nuevas pruebas documentales y audiovisuales por hechos ocurridos en Panamá entre el 12 y 17 de octubre de 2016 y en la ciudad México.

Entre las pruebas presentadas por Chanis en Washington están el Informe País de Panamá y la Resolución Panamá II que fueron aprobados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) durante su 72.ª Asamblea General, llevada a cabo del 13 al 17 de octubre de 2016, en la ciudad de México.

Chanis, el 13 de octubre de 2016, viajó a México para asistir del 13 al 17 de octubre a la Asamblea de la SIP, sociedad que agrupa a los medios de comunicación más influyentes de Canadá, EE.UU., México, Centroamérica, Panamá, el Caribe, Suramérica, España y Francia.

El 17 de octubre, la Asamblea General de la SIP aprobó el Informe País de Panamá y la Resolución Panamá II, en los cuales se detallan y condenan múltiples violaciones por el Estado panameño de derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana de los Derechos Humanos y en la Declaración de Chapultepec.

La Declaración de Chapultepec fue suscrita por el presidente Juan Carlos Varela en el 2015 durante la celebración de la Reunión de Medio Año de la SIP en la ciudad de Panamá.

La Resolución Panamá II resuelve expresamente: Pedir al Gobierno Nacional que cese la campaña de debilitamiento y desprestigio emprendida en contra de Epasa y NEXtv, sus directivos y periodistas.

Solicitó a las autoridades nacionales mostrar plena disposición y tolerancia al libre ejercicio de la libertad de expresión, información y de prensa de (Epasa y NEXtV) y sus periodistas.

Hizo además un llamado a las autoridades de tributación y electorales de Panamá para que den fin, lo antes posible, a los procesos instaurados contra Epasa. Pidió a las autoridades panameñas que den fin, lo antes posible, a la detención innecesaria de Riccardo Francolini, presidente de la Compañía Digital de Televisión.

La SIP instó al Gobierno a cumplir la Constitución y los tratados internacionales sobre la libertad de expresión, información y de libre prensa en relación a Epasa y NEXtv y sus periodistas.

En su calidad de presidente y representante legal de Epasa, Chanis viajó el 18 de octubre a Washington, desde México, para cumplir compromisos adquiridos previamente y en curso con diversos organismos internacionales y privados con sede en Washington.

El fin de estas gestiones es lograr la fiscalización y sanción, cuando corresponda, de los Estados miembros de la OEA, como lo es Panamá, que violen Convención Americana de los Derechos Humanos.

Entre el 18 y 23 de octubre, Chanis se reunió con directivos de organismos internacionales en Washington, como Federico Portillo, coordinador del Grupo de Protección de la CIDH, de la oficina del secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.

El 20 de octubre, Chanis se reunió en Washington con José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la Human Rights Watch.

El 21 de octubre, Chanis se reunió con Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. En la semana del 24 al 28 de octubre próxima, Chanis tiene programado llevar a cabo otras reuniones en Washington con organismos internacionales y privados, incluyendo medios de comunicación social de EE.UU. y del extranjero.

Los Gobiernos que buscan censurar las expresiones y opiniones de los medios de comunicación social críticos de su gestión, no lo hacen de forma directa, sino por vías y medios indirectos, lo cual igualmente es violatorio de la libertad de expresión, según la Constitución Nacional y la Convención Americana de los Derechos Humanos.

La detención ilegal de un periodista crítico, como Santiago Fascetto, de Epasa, en el Aeropuerto de Tocumen, por miembros del Consejo de Seguridad adscrito a la Presidencia de la República; la imposición de multas infundadas por $50 mil por parte del Tribunal Electoral a Epasa por publicar una nota sobre una encuesta desfavorable a Varela; la imposición de alcances fiscales a Epasa por sumas en exceso de $1.7 millones, que con intereses, recargos y multas pueden llegar a exceder los $17 millones.

La conducción ilegal del presidente de un medio de comunicación crítico como Riccardo Francolini, de NEXtv, sin existir citación previa y su detención preventiva ilegal, sin los presupuestos legales que la justifiquen, así como la conducción ilegal del periodista Fernando Correa de NEXtv, sin citación previa desatendida y mientras transmitía en vivo su noticiero.

La visita de la policía a las 6:42 a.m. a la casa de Ricardo Chanis, de Epasa, para conducirlo ilegalmente a una fiscalía, sin citación previa desatendida y mientras estaba en la Asamblea de la SIP en México son, sin lugar a dudas, vías o medios indirectos usados por el Gobierno para impedir la comunicación y la circulación libre de ideas e intimidar a Epasa y NEXtv.