Comité contra la Tortura pide a Panamá respetar garantías procesales

Comité contra la Tortura pide a Panamá respetar garantías procesales

Comité contra la Tortura pide a Panamá respetar garantías procesales

Por: Redacción/Crítica Redacción/Crítica -

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas lamentó que el Estado panameño no ha brindado información sobre sus procedimientos para garantizar el respeto de las garantías procesales plasmadas en la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal, e instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que todas las personas privadas de libertad en el país gocen de todas las salvaguardias legales fundamentales.

Esta es una de varias recomendaciones que pueden apreciarse en una versión de avance no editada de las observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Panamá.

"Teniendo en cuenta las garantías procesales establecidas en la Constitución y el Código Procesal Penal, el Comité lamenta la escasa información disponible sobre los procedimientos existentes para garantizar el respeto en la práctica de dichas disposiciones, en particular las relativas al derecho de la persona detenida a solicitar que se le practique un reconocimiento médico independiente y a recibir asistencia letrada sin demora", señala el Comité.

"El Estado debe adoptar medidas efectivas para garantizar que todas las personas privadas de libertad gocen en la práctica de todas las salvaguardias legales fundamentales desde el comienzo mismo de su privación de libertad, de conformidad con las normas internacionales...", agrega.

El Comité también consideró que "la tipificación del delito de tortura prevista en el artículo 156-A del Código Penal es incompleta, ya que en ella no se incluyen expresamente, como requiere la convención, los actos de tortura cometidos por terceros a instigación de un funcionario público o con su consentimiento o aquiescencia".

En otro punto, el Comité pide a Panamá "redoblar sus esfuerzos dirigidos a mejorar las condiciones de detención de reclusión y reducir la sobrepoblación carcelaria, en particular mediante la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad", y "Garantizar la correcta atención médica y sanitaria de los reclusos".

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