Delitos contra la administración pública no prescriben

Un informe que  contiene la opinión de la Procuraduría de la Administración con respecto al Proyecto de ley 514, que modifica un artículo del Código Procesal Penal, fue sustentado ante la comisión de Gobierno por el jefe de esta institución, Rigoberto González.

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Durante su intervención, González explicó que con la modificación propuesta en el proyecto se busca que, sin importar el tiempo que transcurra, aquella persona que haya cometido algún delito de corrupción  o contra la administración pública podrá ser investigado y de ser el caso juzgado.

Reiteró que,  luego de un análisis que se hizo al  proyecto y al contexto en que nos encontramos en materia normativa con respecto a estos temas, su opinión es favorable  y considera necesario que esta iniciativa se apruebe.

“Los  delitos contra la administración pública tienen un impacto en la ciudadanía,  ya que cuando una persona se apropia de fondos públicos incide en el desempeño de las instituciones en los proyectos de servicios y prestaciones sociales, ya que si estos fondos no existen,  no hay el servicio eficaz, educación, acceso a la luz pública y diferentes obras, que afectan a toda a la sociedad”, puntualizó.

También aseguró que, con esta adecuación jurídica se  deja un mensaje claro y contundente de que aquella persona que llega a ocupar un cargo público, con el interés de servirse así mismo, tarde o temprano, de encontrarse pruebas y de establecerse su vinculación con el delito, tendrá que rendirle cuentas a la sociedad.

Durante la sesión de la Comisión de Gobierno, también se escuchó la sustentación del fiscal de Circuito Edward Acevedo, en representación del Ministerio Público, con respecto al proyecto de ley que crea una jurisdicción especial de extinción de dominio.

Con respecto a este proyecto, presentado por la diputada Ana Matilde Gómez, que se encuentra en discusión en primer debate, el fiscal Acevedo dijo que para que el Ministerio Público pueda combatir eficazmente las acciones del  crimen organizado, es necesario contar con una herramienta como la planteada en la propuesta, en la que se crea la jurisdicción especial de extinción de dominio, ya que las legislaciones vigentes solo permiten aprehender pequeñas porciones de dineros y bienes producto de actividades ilícitas.