Excontralor pide la cabeza de Federico Humbert

Alvin Weeden, quien fuera contralor en la administración panameñista de Mireya Moscoso, no solo se sumó a la voces que piden la renuncia del ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, salpicado por un escándalo tras el millonario pago a la empresa Cobranzas del Istmo acusada de prácticas ilícitas en su servicio como gestor de cobro, sino también solicitó la dimisión del fiscalizador general Federico Humbert Arias. A juicio de Weeden, Humbert Arias, quien forma parte del poderoso grupo económico que financió gran parte de la campaña electoral del actual presidente Juan Carlos Varela, debe renunciar a su cargo por haber permitido el último de los cuatro desembolsos con los que el actual gobierno benefició a Cobranzas del Istmo que lidera el comerciante Cristóbal Salerno. Precisamente ese último pago, refrendado por la Contraloría bajo la gestión de Humbert, se produjo luego que la Corte Suprema de Justicia había suspendido el contrato suscrito entre Cobranzas del Istmo y la Dirección General de Ingresos en agosto de 2010. Si la administración de Juan Carlos Varela quiere tener la fuerza moral para cuestionar el comportamiento del pasado gobierno, dijo Weeden, ya es tiempo que los funcionarios asuman su responsabilidad por sus actos y ello implica que renuncien a su cargo. Weeden, cuya hermana Priscila de Miró forma parte de los miembros más cercanos al presidente Varela, dijo que tiene información que el ministro De La Guardia, a quien calificó como un hombre honorable, considera seriamente su renuncia al cargo. Este viernes circuló la información que la persona encargada de la Tesorería del MEF- de donde salieron los cuatro pagos a Cobranzas del Istmo a través de transferencia electrónica entre diciembre de 2014 y enero de 2015- había renunciado. Este diario hizo la consulta a la oficina de prensa del MEF, pero no hubo respuesta al pedido. Mientras tanto, al magistrado Luis Ramón Fábrega le fue asignada la denuncia por peculado, tráfico de influencias y corrupción de servidores públicos en contra del ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, y los diputados José Luis Varela (panameñista) y Benicio Robinson, presidente del PRD.