Extradición de ‘El Loco’ sería improcedente

La defensa de Ricardo Martinelli destacó que la remisión de la solicitud de extradición del expresidente es improcedente, porque el Código Procesal Penal establece que para que eso proceda, se debe estar imputado o condenado.

El equipo de defensa del ex- presidente Martinelli lamentó la insistencia del Gobierno de querer hacer el ridículo internacional, con la remisión de dicha solicitud incapaz de resistir el más mínimo análisis jurídico, y que a su vez deja a la luz pública la incapacidad y desconocimiento de la Cancillería de los procedimientos jurídicos que revisten un Estado de Derecho.

El exprocurador Rogelio Cruz, en una conferencia de prensa, en la que reiteró que a Martinelli no se le imputaron cargos y el Sistema Penal Acusatorio establece que no puede haber acusación sin imputación, ni tampoco puede haber medidas cautelares como órdenes de detención, sin imputación.

En pocas palabras –explicó Cruz- la imputación es la piedra angular; y en el caso de los pinchazos telefónicos a Martinelli, a pesar de contar con varios abogados, no se le ha permitido derecho a la defensa, porque no se le han imputado cargos.

A juicio del defensor, la acusación presentada por el magistrado fiscal Harry Díaz, así como la detención preventiva ordenada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, viola garantías fundamentales como el derecho a la defensa.

Rogelio Cruz abundó al detallar que en el Código Procesal Penal, la extradición solo se puede dar cuando es imputado o condenado, pero el expresidente no tiene condiciones de imputado ni condenado, por lo que la solicitud es improcedente.

El “team” de defensores de Martinelli acudirá ahora al Sistema Interamericano de Justicia de la OEA, para exponer las violaciones al debido proceso.

La remisión de la solicitud de extradición por parte de la Embajada de Panamá en Washington es una acción que reitera las violaciones a las leyes panameñas, el derecho internacional y los derechos humanos, y deja en evidencia el matiz político del caso y el interés particular igualmente político del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, agregó la defensa.

Los juristas cuestionaron el hecho de que la Cancillería ha remitido a la Embajada panameña la citada solicitud de extradición con detención preventiva, pese a que no ha resuelto una petición de nulidad, centrada en el propio pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia planteó que el proceso en cuestión llevado por la Cancillería es un proceso administrativo, cosa que el despacho de la ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado se ha negado a reconocer.

Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU. evitó hacer comentarios sobre la petición del Gobierno de Panamá al asegurar que se trata de un trámite “confidencial.”

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner, no quiso confirmar siquiera si esa rama del Gobierno ha recibido la petición presentada por el Ejecutivo panameño a través de su Embajada en Washington.

“No solemos hablar sobre los detalles de una petición de extradición, normalmente se tratan como algo confidencial porque es un proceso legal“, dijo Toner en su conferencia de prensa diaria.

El portavoz refirió las preguntas sobre el caso al Departamento de Justicia, pero fuentes de esa agencia consultadas por Efe no quisieron comentar sobre la solicitud de extradición.

Normalmente, una petición de extradición de un ciudadano extranjero residente en EE.UU. y buscado en su país se tramita entre los Departamentos de Estado y de Justicia, y cuando concluye la revisión del caso es el titular de Exteriores estadounidense, John Kerry, quien toma la decisión final.