Genisa advierte demanda al Estado

La empresa Generadora del Istmo S.A. (Genisa), retirada por el Gobierno varelista del proyecto hidroeléctrico de Baro Blanco, expresó su “desacuerdo” con esa decisión oficial y pidió “respeto a la seguridad jurídica.”

“Nos reservamos el derecho a ejercer las acciones y utilizar los mecanismos legales a nuestra disposición para proteger nuestro derecho a un trato justo y equitativo de nuestra inversión y que se cumpla con los principios de legalidad y respeto a nuestros derechos como concesionarios, a la propiedad privada y a la seguridad jurídica“, dijo en un comunicado.

El Gobierno pretende dejar en manos de un “tercero independiente” de Genisa la operación de la misma hasta cancelar los préstamos por casi $79 millones otorgados a la compañía para ejecutar e proyecto. Trascendió que por la paralización de la obra, la empresa está atrasada en sus compromisos bancarios.

La concesión era por 50 años más otros 50 por renovación. 

El gobierno ahora traspasará las acciones de la empresa a un fideicomiso en garantía del repago de préstamos otorgados por los bancos multilaterales” a la obra.

El acuerdo contiene cláusulas que “claramente vulneran y menoscaban nuestros derechos bajo el contrato de concesión para la construcción y explotación de una central hidroeléctrica construida en tierras de propiedad privada de Genisa y que está ubicada fuera de la Comarca Ngäbe Buglé“, indicó la empresa.

También “violan y menoscaban los derechos que amparan a nuestros inversionistas, ciudadanos de los Estados Unidos y de Centroamérica bajo normas legales y tratados internacionales“, agregó la empresa en un comunicado.

  Por su parte, el Gobierno aseguró que el acuerdo firmado con líderes indígenas que dejó por fuera a la concesionaria del proyecto, la empresa de capital centroamericano Genisa, “garantiza la seguridad jurídica.”

“El Gobierno respeta y promueve el Estado de Derecho y en función de eso, cualquier empresa que se sienta afectada por sus decisiones le asiste el derecho“, agregó

 “Los principales componentes relacionados a la empresa Genisa” contenidos en el acuerdo firmado “fueron conocidos y discutidos por sus representantes durante el proceso, y de hecho en varios casos proporcionados por ellos”, destaca un comunicado.

Por su parte, la APEDE exigió al mandatario Juan Carlos Varela salvaguardar los legítimos derechos de inversionistas, acreedores .     Además expresan preocupación que un proceso con complicados ribetes jurídicos y culturales, aparentemente se le haya buscado una solución política que podría no ajustarse a nuestro ordenamiento jurídico.