Huelga, Educación y Viaje: ¿Qué influyó más?

La huelga magisterial parece llegar a su término, pero la forma como se logró su final no fue armoniosa ni abordó los temas profundos. Para algunos, más que resolver el asunto satisfactoriamente, había apuro en no frustrar el viaje del mandatario Juan Carlos Varela a Italia para recibir un helicóptero donado por Finmeccanica y, sobre todo, para estar en Polonia para la Jornada Mundial de la Juventud (JMV), donde debe acudir el papa Francisco.

Lo preocupante de todo es que si bien se resolvió el tema salarial con el aumento de $300 a los docentes a partir del 1 de julio de 2017, el preacuerdo es muy general en cuanto a las mejoras a la educación y el tema de la matriz para la evaluación a los maestros y profesores para recibir ese incremento, algo que en dos años de gestión del Gobierno no registró mayores avances.

Clase media sobrepasa a políticos

Aparte de eso, el Gobierno en particular y los políticos en general deben mirar con lupa que en menos de 10 días, los grupos de la sociedad han desarrollado movilizaciones masivas. Primero fue la marcha del 13 contra el proyecto de orientación sexual y luego las manifestaciones desde Darién a Bocas del Toro que desarrollaron los docentes.

Todo indica que la clase media, asfixiada por el poder económico que no permea sus ganancias, un Gobierno que ignora a este sector de la población y partidos políticos alejados de la realidad, ha decidido ejecutar por sí sus reclamos sociales.

Alumnos de escuelas públicas pierden 1/3 de clases

Pero retomando el tema educativo, hay que reconocer que la enseñanza en los planteles oficiales tiene un gran problema, según resumió Nivia Roxana Castrellón, de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, ya que se pierde 1/3 de tiempo efectivo de clases.

Esa pérdida de 1/3 de tiempo de clases significa que al terminar la primaria y secundaria, el alumno de planteles públicos ha dado 3.6 años menos de clases que otro de colegios privados, lo que significa más del período de un bachillerato, expresó Nivia Roxana en el programa “Voces de Panamá”.

Aparte de eso, destacó que en 1960 había 100 mil estudiantes, hoy hay 850 mil, pero con casi las mismas infraestructuras y horarios recortados, porque los planteles se comparten hasta para 3 turnos, destacó la también expresidenta del Conep.

Nivia Roxana de Castrellón afirmó que con el aumento, los docentes quedan con el salario base de $1,240, que es el mayor de la mayoría de los países.

Infantilismo y apuro de viajar a Polonia

Por su parte, el analista José Blandón considera que hubo “infantilismo político” del Gobierno porque, a pesar de contar con el presupuesto para atender los reclamos salariales, no favoreció una salida elegante para provocar el menor daño posible a las partes.

Otros analistas pusieron en el foco el viaje “controversial” del presidente Varela para recibir un helicóptero de Finmeccanica, pero que en el fondo es la excusa para ir a Polonia a un evento de Juventudes Católicas. Al final presentaron el asunto como un mero tema de plata, cuando es algo más profundo.

Para otro dirigente político, la huelga de los docentes expresa la falta de conectividad del gobierno de Varela, que se desespera cada vez que un gremio plantea con justicia sus reivindicaciones. Esto sugiere un problema de gobernabilidad, porque lo único que le queda a las masas es la protesta de calle, porque no hay canales de diálogos, y los diálogos que se dan son cosméticos, demagógicos y con una gran dosis de politiquería.

La educación no se ha modernizado, por lo tanto, no produce la mano de obra calificada para encarar los proyectos de modernización de infraestructuras, que han sido llenados por extranjeros. La experiencia de la ampliación del Canal demostró esa realidad, donde se estuvo que importar mucha mano de obra.

Otro ejemplo es el caso de la nueva infraestructura hotelera, que se ha tenido que contratar mano de obra colombiana y centroamericana para cubrir los 14 mil puestos requeridos.

La fuente resaltó que hubo gobiernos irresponsables en la educación, que han tenido hasta 5 ministros distintos en un solo quinquenio, eso expresa el grado de politiquería con que se ha manejado el sector de la educación. Y ni hablar de la infraestructura educativa que está abandonada a la buena de Dios.

Además considero que en el plano universitario la situación es más dramática, porque la Universidad de Panamá, que debe ser el pilar para preparación del recurso humano para el desarrollo científico, técnico y académico del país, no está en sintonía con la preparación de los cuadros calificados para enfrentar las tareas del desarrollo. Investiguen cuántos cuadros absorbió la construcción de las nuevas esclusas del Canal.

A juicio del analista, el Gobierno debe aprovechar esta coyuntura, en la que los docentes del país reclaman reivindicaciones que van desde el plano académico, salarial y la infraestructura educativa, para hacer un planteamiento integral con el fin de sacar la educación de sus crisis institucional. El Gobierno debe llamar a las mentes más preclaras del país para que junto con los educadores, los rectores de las universidades hagan una formulación integral que saque a la educación del pantano donde se encuentra.

Preacuerdo

Ayer, tras más de seis horas de reunión, la dirigencia magisterial y la Comisión de Alto Nivel del Gobierno lograron un preacuerdo, que debe ser sometido a consultas a las bases; algunos gremios dicen que lo harán hoy, para reanudar clases mañana; otros grupos indican que la asamblea será el lunes y la jornada escolar se reiniciaría martes o miércoles.

Lo preacordado establece el aumento salarial de $300, una inversión progresiva en educación hasta alcanzar el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y además se establece que no habrá represalias contra los docentes quienes, por su parte, se comprometen a mejorar la calidad de la educación.

El 6% del PIB que reclaman los docentes para Educación equivale a unos $3,500 millones, pero incluye además del MEDUCA a otras 10 instituciones, entre ellas, las Universidades, INAC, INADEH, Pandeportes, reveló el economista Juan Jované.

Autoridades y gremios tienen un plazo de 30 días para mejorar el escrito que debe ser elevado a nivel de decreto.