Le entregan $2.5 millones a gunas, pero cacique quería $50 millones

El presidente Juan Carlos Varela entregó ayer una indemnización por $2.5 millones al pueblo guna de Madugandí y a las comunidades emberá de Ipetí y Piriati, por las afectaciones que sufrieron a raíz del embalse de la hidroeléctrica de Bayano, construida en 1972.

Varela, además, pidió disculpas a estas comunidades. "A nombre del Estado panameño quiero pedir disculpas a todos nuestros hermanos de los pueblos originarios afectados por este caso", expresó el mandatario.

Todo como parte del cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitido el 14 de octubre de 2014, y en el que se ordena al Estado panameño indemnizar a ambas comunidades indígenas "por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos".

La indemnización se divide en $2 millones para el pueblo guna de Madugandí y $560 mil para Ipetí y Piriati. El primer cheque fue entregado al cacique general del congreso Madugandí, Otilio Matos, y el segundo cheque al cacique del congreso general de Alto Bayano, Jeremías Canzarí.

Los cheques serán depositados a cuentas del Banco Nacional de los congresos indígenas, y sus autoridades lo redistribuirán a las familias que fueron afectadas.

Fallo fue una burla

Tras el acto, Crítica preguntó al cacique Jeremías Canzarí si estaban satisfechos con la indemnización.

"Eso es como una burla, para decirte claramente", expresó Canzarí. "Eso es como agárrate de eso y defiéndete como puedas, pero nosotros estábamos demandando por 50 millones de dólares".

"Como nosotros somos una población indígena, siempre nos van a estar marginando, pero si hubiera sido un millonario que hubiera perdido el terreno, hubieran sido miles de millones", lamentó el cacique, quien destacó que el fallo aún no resuelve otro tema por el cual también llevan décadas de lucha.

"Todavía falta parte del territorio a demarcar, después de 40 años", expresó.

Promesas

Además de dinero y disculpas, Varela también llegó con promesas.

El mandatario se comprometió a ir resolviendo "uno por uno" los casos de conflictos de tierras entre indígenas y colonos, que han causado enfrentamientos en años recientes. La Corte Suprema de Justicia ha fallado a favor de los grupos originarios en varios de estos casos, y según Varela, esto da el fundamento jurídico para acordar desalojos, sin el uso de la fuerza.

Otra promesa a las 14 comunidades de Madugandí fue que se gestionará, a través del Conades, la construcción de acueductos, y que también se llevará luz eléctrica proveniente de la hidroeléctrica de Bayano.

Además, afirmó que antes que termine el año, se realizarán dos consejos de gabinete en los territorios guna y emberá.

También dijo que dará instrucciones al Ministerio de Educación para licitar mejoras a todas las escuelas de estas regiones indígenas.

Y por otro lado, indicó que se instruyó al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) a dar seguridad a la comarca Madugandí, y que la Policía Nacional se encargará de resguardar la carretera de acceso a las comarcas, que es usada por organizaciones criminales.

40 años de lucha

A raíz de la construcción de la hidroeléctrica en la zona del Alto Bayano, los territorios de los pueblos guna de Madugandí y emberá de Bayano, fueron inundados por el embalse de la represa construida durante el régimen militar del general Omar Torrijos.

Los pueblos fueron reubicados por el Estado en tierras alternativas entre los años 1973 y 1975, mediante Decreto Ejecutivo. La hidroeléctrica terminó de construirse en 1976, pero el 11 de mayo de 2000 el caso fue sometido a la CIDH y obtuvo Admisibilidad el 11 de abril de 2009.

La CIDH envió el caso a la Corte IDH el 26 de febrero de 2013, y el 14 de octubre de 2014, la CIDH determinó que Panamá era responsable internacionalmente por la violación del derecho a la propiedad colectiva de las comunidades.