Mossack Fonseca ‘enyardó’ a empleados humildes

Leticia Montoya Morales, la humilde empleada de Mossack Fonseca cuyo nombre figura en 10 mil sociedades conformadas por la firma que ha causado revuelo internacional, tras haberse descubierto que ayudaba a ricos y poderosos a evadir impuestos, debería ser millonaria.

Esto debido a que la ley panameña establece una tarifa de $150 anuales a las personas (no abogados) cuyo nombre aparece en las juntas directivas de sociedades anónimas.

Esto fue planteado por el abogado y exdefensor del pueblo, Ítalo Antinori, quien señaló que Montoya Morales incluso podría demandar a la firma Mossack Fonseca.

Investigaciones periodísticas del caso "Panamá Papers" revelaron que esta mujer, a pesar de aparecer en tantas sociedades, vive en una humilde casa en Vacamonte y viaja en bus pirata.

"Si ella aparece en 10 mil sociedades, al año debería estar cobrando 1.5 millones de dólares", dijo Antinori. "Y en 10 años debería haber cobrado $15 millones".

Por otro lado, Antinori dijo que la Procuraduría General de la Nación, a cargo de Kenia Porcell, ha actuado de forma "negligente y omisiva" en su investigación a la firma de abogados Mossack Fonseca.

Antinori sostuvo que no salió de su asombro cuando veía que luego de 7 días de haber surgido el escándalo de la investigación "Panamá Papers", aún el Ministerio Público no había realizado ningún oficio contra la firma.

Mossack y Fonseca es propiedad de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, ambos donantes de la campaña de Juan Carlos Varela y hasta hace poco altos funcionarios en el gobierno panameñista. Fonseca Mora también ocupó hasta el mes pasado la presidencia de este colectivo.

Antinori criticó que luego de que fiscales en El Salvador y Perú hubiesen allanado sucursales de Mossack Fonseca, en Panamá -9 días después- se hizo una inspección, pero por una denuncia de "hackeo" hecha por la firma.

"Debió el Ministerio Público haber intervenido inmediatamente a Mossack Fonseca, capturar la data y las computadoras, pero no 9 días después... Muchas pruebas pueden haberse diluido", dijo.

"No es posible que ante el mundo hayamos dado un ejemplo de esta naturaleza".

Antinori advirtió que la Ley 2 del 1 de febrero del 2011 obliga a los abogados del país a conocer a sus clientes, y que la Ley 23 del 27 de abril del año 2015 determina que los agentes de intermediación financiera deben identificar al beneficiario final de una sociedad creada por ellos, y que si no puede identificarlo, está en la obligación de abstenerse de atenderlo.

El artículo 54 de esta última ley plantea que ante una sospecha de operación sospechosa con las sociedades creadas, se debe reportar directamente a la Unidad de Análisis Financiero.

"¿Lo cumplió Mossack y Fonseca? Claro que no", dijo Antinori.

También criticó a la Procuraduría por haber tratado este caso completamente diferente a la persecución que le montó al exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, a quien aún mantiene bajo detención preventiva.

"Hay presunción de inocencia para el señor Fonseca Mora, pero para otros no", expresó el exdefensor.

Antinori también presentó un cálculo de cuánto podría haber ganado la firma en las últimas dos décadas, señalando que si solo cobraron la tarifa mínima anual por ser agentes residentes de sociedades ($250), y representan a 250 mil sociedades anónimas, se estarían ganando $62 millones al año, y $1,250 millones en 20 años.

Si por crear una sociedad cobraran solo mil dólares, habrían sacado ya $250 millones por crear 250 mil sociedades en 40 años.