Mulino: en mi caso no hay pruebas ni para multa

José Raúl Mulino denuncia que el caso en su contra ha sido una fabricación de La Prensa.

Por: Redacción/ Web -

José Raúl Mulino denuncia que el caso en su contra ha sido una fabricación de La Prensa y que al final en el expediente no hay evidencias ni para imponerle una multa de corregiduría. El texto del escrito del exministro es el siguiente:                 Entre los días 26 de enero al dos de febrero, inmediatamente anteriores a los carnavales, el periódico La Prensa publicó varios artículos en mí contra, tan incisivos, insustentables y falsos, que el conocido abogado Ebrahim Asvat dijo públicamente: “No sé cuándo el diario La Prensa va a soltar a José Raúl Mulino”. Y añadía: “. Sistemáticamente se han dedicado a satanizarlo. No permiten que la justicia se encargue de determinar su culpabilidad o inocencia”, una frase que resume los temores y la campaña que este impreso ha llevado para señalarme como responsable de hechos que nada tienen que ver con la gestión que desarrollé entre 2010 y 2014 como ministro de Seguridad Pública.                   El mío ha sido un caso fabricado en las páginas de La Prensa desde 2011 a través de artículos especulativos, elaborados por muchos de sus periodistas, sin que hasta ahora, ni ellos ni la fiscal que ordenó mi detención el pasado 26 de octubre, hayan podido presentar ante la ciudadanía una sola evidencia ni argumento consistentes, fuera de toda  duda, que pruebe lo que han dicho, como bien lo saben los juristas de este país, y la propia publicación de marras. Por eso se empeñan en sustentar lo insustentable, ahora basándose en una vista fiscal de lamentable elaboración.                   Ya en otros escritos, así como en mis cartas semanales, he demostrado hasta la saciedad la falacia jurídica que se ha fabricado contra mí y que tiene detrás las presiones y los caprichos vengativos del presidente Juan Carlos Varela. Así que esta vez no me voy a referir a “los cargos” que muy sospechosamente me hace La Prensa, en una gentileza poco habitual, porque me temo que la inusitada amplitud de la fiscal Zuleika Moore al cederle tal documento a ese periódico, persigue otros propósitos. No les voy a hacer el favor; vamos al tribunal que deseen porque saben perfectamente bien que todavía hoy siguen buscando alguna manera de inculparme porque lo que “tienen” en las manos no les alcanza siquiera para una multa de corregiduría.                   A lo que si me voy a referir es a la recurrente violación  de mis derechos ciudadanos, y  a las leyes  en las que se sustenta el debido proceso, comenzando por la violación del sumario, en que se incurre cada vez que “misteriosamente” los documentos de este caso aparecen con exclusividad en las páginas de La Prensa.                   Pese a que el término del sumario fue de cuatro meses, usted fiscal Moore, contó con una prórroga de ocho meses, que concluyó el 22 de septiembre del año pasado, tras lo cual  imputó cargos y ordenó detención, sin contar con la autorización del juez de la causa.                    Creo que si la gestión judicial que leva a adelante la fiscal Moore sigue como va, sentará jurisprudencia de contravención de la ley, porque me ha convertido en el único imputado que es juzgado dos veces por una misma acusación. El 22 de enero de 2013 el Pleno de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo donde dictó sobreseimiento definitivo dentro de la investigación seguida en mí contra por un supuesto delito contra la administración pública. En el caso donde, donde Orestes del Rio figura como denunciante, fueron ventilados los mismos hechos que desde 2011 publicitaba La Prensa y que ahora retoma la fiscal Moore. Aun cuando usted ha pretendido fraccionar los hechos para decir que “es otra investigación” y de que  por el sobreseimiento no se juzgó el caso, en derecho el término jurídico “doble juzgamiento” implica y recoge la etapa de investigación, y el artículo 7 del Código Procesal Penal aplicable en la justicia panameña, es claro cuando señala la prohibición de la doble investigación y juzgamiento.   Con fundamento en la Ley, la Corte ha dicho que cuando hay identidad de partes, proceso previo anterior, proceso anterior haya concluido (esté en firme), mismos hechos (o continuidad del mismo), hay doble juzgamiento, y otras cosas más que señalaremos en su momento. Hace algunos días, el seis de enero último para ser exacto, los medios de comunicación anunciaron que Usted le ha solicitado a la Procuradora General la asistencia de expertos para un peritaje sobre los radares que forman parte medular de este proceso, petición que implica que a estas alturas usted no tiene configurado como delito los señalamientos al respecto, pero me pregunto ¿Cómo se puede configurar un delito sin expertos? ¿Cómo usted me puede estar acusando de un delito que no está probado?   Tanto usted como el ministro Rodolfo Aguilera, de Seguridad Publica, sostuvieron hasta noviembre del año pasado que los radares no servían, que no localizaban lanchas rápidas y que las pruebas iniciales habían sido un fracaso. ¿Por qué no han seguido sosteniendo lo mismo después de las declaraciones del comisionado Laniado?                   ¿Cómo se puede probar ahora el estado de los radares, su funcionabilidad o su eficacia, si el gobierno del presidente Varela, vía ministro Aguilera suspendió, en julio de 2014, la instalación y  mantenimiento  de los radares? Las pruebas que ahora solicita Usted señora Fiscal no están, caso, fuera de los términos de la investigación?                   Dos tomos de documentación de  la Contraloría General de la República, tras la revisión del proyecto, indican que toda la contratación se hizo conforme la ley, pese a que los artículos de La Prensa sigan insistiendo en formas de pago que ni ellos mismo explican adecuadamente. La documentación de la Contraloría es el resultado de una investigación que incluye las mismas pruebas: resoluciones, memorándum, contrato, adendas, notas, etc.                   Tanto usted como La Prensa insisten en negociaciones de contrato y alteraciones de montos que yo no podía tocar, de acuerdo con la resolución 113 de 3 de agosto de 2010. Todos los ministros que han asistido a indagatorias citadas por Usted han sido claros al indicar que yo no podía firmar con otra empresa, por otro objetivo o por otro monto. ¿Entonces, en qué quedan sus acusaciones?                 Existen en el expediente grandes falencias de su parte, pero las veremos en su debido momento. Termino indicando que: no solo soy inocente de los cargos que se me imputan, sino que además se fabricado en mi contra un caso que contravienen todos mis derechos ciudadanos, con el afán evidente de incriminarme en un supuesto delito que ni usted ni La Prensa, ni nadie podrá demostrar, porque nunca existió. Se, por los ejemplos históricos, que cuando el poder político se impone sobre las leyes, nadie está seguro ni a salvo. Pese a ello mi voz y mis alegatos lo seguirán escuchando Usted, La Prensa y el señor presidente de la república, Juan Carlos Varela.       

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