Otorgan fianza a Ford y ‘Pepito’
Otorgan fianza a Ford y ‘Pepito’
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El Juzgado Decimoquinto admitió la solicitud de fianza de excarcelación a favor de los exministros de Obras Públicas Federico José Suárez y Jaime Ford Castro y fijo la cuantía en $500,000 para cada uno, en el caso por supuestos sobrecostos en la licitación para la rehabilitación y ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera.
El juez Leslie Loaiza se fundamentó en que Suárez y Ford han cumplido con las comparecencias al tribunal, en varias ocasiones se les ha otorgado permiso de salida del país y han retornado, y no son personas peligrosas.
Federico Suárez y Jaime Ford permanecían detenidos desde el 4 de julio por la supuesta comisión del delito contra la administración pública.
La investigación se inició con base en un informe de una comisión de la Asamblea Nacional integrada por 4 diputados, de los cuales 3 se retractaron y no firmaron el documento. Solo las auditorías de Contraloría deben servir como base para ese tipo de procesos.
El propio ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena reconoció en el programa “Debate Abierto” que el citado informe legislativo no tenía ningún valor legal.
La investigación se sustenta en supuestas irregularidades en la licitación de junio de 2010, ganada por Transcaribe Trading, propiedad de los hermanos Ochy, acto en el que participaron las empresas Meco y CUSA. La compañía triunfadora presentó una oferta más económica en $50 millones en comparación con su más cercano competidor.
La fiscal Tania Sterling nunca ordenó indagatoria, se le venció el plazo para instruir el sumario, y el 15 de marzo de 2016 solicitó una prórroga de 8 meses para perfeccionar las investigaciones, luego en marzo 2017 solicitó una segunda extensión. El sumario le fue devuelto a la Fiscalía entre 3 y 4 de junio y no se ordenó indagatoria ni detenciones, pero luego el 14 de junio, Tania Sterling –a pesar de existir un amparo de garantías- giró la primera providencia para indagar en el caso de la autopista.
El propósito de la investigación forma parte de una estrategia del Gobierno para desprestigiar al Grupo Epasa, pretendiendo crear un delito precedente para justificar un proceso por lavado de dinero contra empresarios a los que intenta vincular a la compra de la editora.
La denuncia contra los empresarios fue interpuesta por el diputado panameñista Jorge Iván Arrocha, quien luego fue premiado por el Ejecutivo como vicepresidente de la Asamblea Nacional.