Panamá, 4.° país donde se paga más sobornos

Panamá figura como el cuarto país de América Latina donde más sobornos se pagan, según un estudio presentado por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI).

México es el país donde más encuestados aseguran haber pagado sobornos en el periodo de estudio, con un 51 % de los interrogados, seguido por República Dominicana (46 %), Perú (39 %), Venezuela (38 %) y Panamá (38 %).

Uno de cada tres latinoamericanos pagó sobornos en los últimos doce meses en servicios públicos básicos, según TI. El informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” destaca además, tras entrevistar a más de 22,000 personas en 20 países de la región, que la percepción generalizada es que estas prácticas están en aumento, que los Gobiernos no las combaten con determinación, y que casi un tercio de quienes las denuncian sufre represalias.

“La fotografía de la región no es positiva. Porque un gran número de ciudadanos piensa que la situación no cambia o ha empeorado y porque muchas personas dicen que el Gobierno no está haciendo un buen papel“, resumió en declaraciones a Efe Alejandro Salas, responsable de TI para las Américas.

El 29 % de los panameños pagó sobornos en algún hospital público del país en 2016, lo que convierte a la sanidad en el servicio público de Panamá con mayor nivel de corrupción, según Transparencia Internacional (TI).

La representante de la asociación en Panamá, Olga de Obaldía, explicó que muchas personas pagan sobornos en los hospitales públicos para no esperar cola en urgencias, para conseguir una cama en una habitación, para adelantar una cita con un especialista o bien para adquirir algún medicamento.

“Existe toda una red interna (en la sanidad pública) para avisar de que los medicamentos llegaron, porque quien antes llega a la ventanilla antes recibe la medicina“, declaró De Obaldía.

Tras la sanidad, los servicios públicos básicos en los que los panameños pagaron más sobornos son, por orden, las escuelas (26 %), la Policía (20 %), los documentos de identidad (18 %), el agua y los servicios sanitarios y eléctricos (16 %) y los tribunales de justicia (11 %), resaltó.