Panamá endurece medidas para frenar crisis migratoria

Panamá anunció hoy una serie de medidas en respuesta a la crisis migratoria que afecta la región del Darién. La situación, que ha llevado al país al límite de sus capacidades, ha requerido acciones dinámicas y estratégicas por parte de las autoridades panameñas.
 

La "primera" de estas medidas administrativas en vigor "a partir de este anuncio, es la protección a los pueblos de acogida, pues vamos a remover los puntos de control y asistencia migratoria de las mismas comunidades de Bajo Chiquito y de Canaán Membrillo a fin de mitigar el impacto sanitario y de seguridad", dijo la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine.

Se van a "construir al lado de estos lugares de acogida espacios donde podamos integrar y tener contenidos a los migrantes, (para) que no afecten el diario vivir de todas las personas de las comunidades", los primeros pueblos que llegan los migrantes tras atravesar la selva por la que acceden desde la vecina Colombia.
 

Además, se llevará a cabo un reforzamiento de las deportaciones y expulsiones de ciudadanos irregulares, especialmente aquellos con antecedentes penales, a través de la contratación de vuelos chárter.

En cuanto al tema de seguridad, se impusieron  restricciones en el uso de senderos de la selva del Darién, reforzamiento en la seguridad marítima y terrestre, y en  puntos estratégicos de control, al igual que una ampliación de la vigilancia en el cauce y orillas de ríos, a fin de evitar el cruce de migrantes irregulares.

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Otra medida importante implica ajustes en los procedimientos de control migratorio en los aeropuertos, con el fin de identificar y sancionar a aquellos que intenten ingresar o permanecer de manera irregular en el país. Esto incluye la reducción del período de turismo de 90 a 15 días y el aumento de la solvencia económica requerida.

Estas acciones se llevan a cabo en un contexto en el que el flujo migratorio ha alcanzado cifras históricas en el Darién, con más de 350,000 migrantes llegando a las estaciones migratorias en lo que va del año. La mayoría de estos migrantes son de nacionalidad venezolana, seguidos de ecuatorianos y haitianos.

La crisis migratoria ha generado tensiones y desafíos significativos, no solo para Panamá sino también para los organismos internacionales presentes en la región. En este sentido, Panamá y Costa Rica han decidido unir fuerzas para abogar por una mejor administración de los flujos migratorios, una posición que contrasta con la visión de libre tránsito que mantiene Colombia.

La situación sigue siendo compleja y desafiante, y las autoridades panameñas están tomando medidas decisivas para abordarla de manera integral.

Desde el pasado abril hasta la fecha, Panamá ha deportado 452 personas, un reducido grupo frente a los más de 350.000 migrantes irregulares que han cruzado la peligrosa selva fronteriza con Colombia.