Paraísos fiscales empobrecen a la humanidad

Presidente Juan Carlos Varela y Ramón Fonseca Mora. Foto: Archivo.

Tomado de: revista Proceso México

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los paraísos fiscales y bancarios enriquecen a una porción ínfima de la humanidad y despojan a los Estados de entre 100 mil millones y 240 mil millones de dólares cada año, agravan la desigualdad y fomentan las actividades criminales. Sus beneficios para la población son nulos, en comparación con los daños que provocan. Deben desaparecer.

Tales son los planteamientos de dos informes que se basan en los datos revelados por Panamá Papers y Bahamas Leaks, las dos investigaciones globales que coordinó este año el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en las cuales participó Proceso.

En el informe “Derrotar a la economía de la sombra”, el economista estadounidense Joseph Stiglitz –ganador del Premio Nobel de Economía en 2001– y el penalista y criminólogo suizo Mark Pieth, arremeten contra los “paraísos de la secrecía” y plantean una política de “cero tolerancia” para eliminarlos.

Su principio: “La secrecía debe ser atacada de manera global, ‘offshore’ y ‘onshore’. No pueden existir espacios para esconderse”.

Afirman que los países cuentan con las armas para combatir la secrecía en estos territorios: son idénticas a las empleadas en la lucha contra el financiamiento del terrorismo internacional.

El segundo informe, elaborado por la Comisión Independiente para la Reforma de la Imposición Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés) –un colectivo de organizaciones internacionales que abogan en favor de la justicia social–, plantea soluciones para erradicar la “competencia fiscal” entre países y territorios, la cual reduce la capacidad tributaria de los Estados, destruye empresas nacionales y debilita los servicios públicos.

Panamá Papers es hasta el momento la mayor filtración de documentos de la historia del periodismo. Exhibió ante el mundo la red de más de 218 mil compañías de papel, fideicomisos, sociedades anónimas y fundaciones que el despacho panameño Mossack Fonseca estableció en jurisdicciones “offshore” para esconder la fortuna y la identidad de sus clientes.

BahamasLeaks reveló la identidad de los beneficiarios de 175 mil entidades “offshore” incorporadas en la Mancomunidad de Las Bahamas, entre ellos más de 400 personas oriundas de México: políticos, empresarios, contratistas de Pemex, banqueros o financieros.

“Los Panamá Papers arrojaron luz sobre numerosos abusos que permiten estas estructuras”, plantea el informe de Stiglitz y Pieth.

Enumera: fraude fiscal, evasión y elusión de impuestos y lavado de dinero proveniente de actividades criminales, así como ocultamiento, enriquecimiento ilícito, corrupción y conflictos de intereses que se ofrecen a políticos, altos funcionarios y jefes de Estado.

Según estimaciones de la ONU, entre 7,000 y 25 mil billones de dólares (trillones en sistema aritmético estadounidense) están escondidos en más de 21 jurisdicciones “offshore”, donde escapan a la recaudación tributaria. El 90% de esta fortuna pertenece a menos de 10 millones de personas, equivalente a 0.014% de la humanidad.

“Cuarentena”

El 29 de abril de 2016, tres semanas después de la publicación de los Panamá Papers, Stiglitz y Pieth aceptaron la invitación del presidente panameño Juan Carlos Varela –quien tuvo a Ramón Fonseca, uno de los socios fundadores del despacho Mossack Fonseca, como ministro consejero hasta marzo de 2016– para integrar un Comité de Expertos Independientes.

Varela pidió a ese comité elaborar un informe con propuestas de reformas legales e institucionales para luchar contra la evasión fiscal, la corrupción y el lavado de dinero en Panamá. En él también participaron académicos, consultores empresariales y exfuncionarios de este país, entre ellos el expresidente Nicolás Ardito Barletta.

En la medida en que avanzaban las labores del comité, Stiglitz y Pieth exigieron al Gobierno panameño que hiciera públicas las conclusiones del informe, “sean cuales sean”. El Gobierno se negó, y en agosto pasado, los expertos salieron del comité. Emprendieron entonces la elaboración del informe que se publicó este martes 15.

La publicación de Panamá Papers y BahamasLeaks provocó la renuncia de altos funcionarios públicos en distintos países, obligó a las autoridades a emprender investigaciones –entre ellos el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México– y generó un amplio debate en la ONU y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) sobre “la erosión de la base fiscal” que provocan este tipo de prácticas financieras.

El pasado viernes 11, la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas impuso una multa de 440 mil dólares a la filial de Mossack Fonseca en el archipiélago. Las autoridades determinaron que el despacho falló en realizar los procesos de debida diligencia y en identificar los beneficiarios finales de las 113 mil 474 entidades que incorporó en la jurisdicción en las últimas tres décadas.

Sin embargo, estas medidas son insuficientes para los expertos. En su informe, recetan varias opciones para erradicar la secrecía en los paraísos fiscales y bancarios. Según ellos, hay que obligar a las jurisdicciones opacas a colaborar con las administraciones tributarias, so pena de ser excluidas del sistema financiero internacional. “Sabemos qué hacer con las enfermedades contagiosas: cuarentena”, sentencian.

Sus recomendaciones incluyen sanciones severas contra cualquier persona, empresa o banco que tenga actividades o presencia en jurisdicciones “no cooperativas”. También instan a “atacar toda la industria que facilita la secrecía”, como los bufetes especializados –Mossack Fonseca es uno de ellos–, los despachos fiscales o los bancos.

“Para penetrar la red de corporaciones, fideicomisos y fundaciones, una etapa decisiva sería eliminar las entidades zombies” que dificultan las investigaciones, plantean los expertos.

También llaman a erradicar la figura de “directores de papel”: empleados de despachos que firman en los registros oficiales para ocultar la identidad de sus beneficiarios finales. Leticia Montoya, una empleada de Mossack Fonseca, aparece en el directorio de cerca de 11 mil entidades “offshore”, por ejemplo.

Pero en muchas ocasiones, “los recursos destinados a las agencias de policía y su compromiso con la transparencia total está limitado”, estiman los expertos. Añaden: “Cuando quisieron, las agencias de inteligencia procesaron cantidades mucho mayores de datos”, tomando como ejemplo la lucha contra el terrorismo.

“Estos paraísos existen solo porque Estados Unidos y Europa miran hacia otro lado, bajo la influencia de su propio 1% (de los más ricos)”, deploran.

Y puntualizan: estos países “lamentan los vicios de los centros ‘offshore’, pero dentro de sus propias fronteras existen burbujas de secrecía donde estas malas prácticas continúan”.

Los expertos aseveran que con el combate contra la secrecía está en juego la propia estabilidad interna de los países. “Si no somos capaces de demostrar a nuestros ciudadanos que la globalización puede ser contenida, que puede ser amansada para el beneficio de la gran mayoría, asestarán un contragolpe (hacia dicha globalización)”, advierten.

Competencia fiscal

El ICRICT, por su parte, estima que los países entraron en una lógica de “competencia fiscal”, ofreciendo a las empresas tasas de imposición corporativa –es decir, la proporción de impuesto que pagan las empresas sobre sus ganancias– cada vez menores, para atraerlas en su territorio.

Sin embargo, el colectivo de organizaciones recuerda que ese impuesto a los ingresos corporativos representa 8% del ingreso fiscal de los países desarrollados y el doble para los países en desarrollo, con lo que financian parte del gasto público.

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