Piden al Gobierno seguridad por inversión en Barro Blanco
Las pérdidas económicas incurridas por la empresa a raíz de la suspensión de los trabajos desde Febrero 2015 rondan los US$ 20 millones.
Por: Redacción/ Web -
La empresa Generadora del Istmo S.A., encargada del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, solicitó al Gobierno Nacional respeto y certidumbre sobre el futuro de la inversión, ya que han realizado una inversión millonaria con un gran esfuerzo, buena fe y confiando en la seguridad jurídica del país.
En un comunicado de prensa, la empresa destaca que "no podemos continuar invirtiendo recursos en la terminación del proyecto, sin una garantía de recuperación de la inversión y respeto a nuestros derechos legales.
Han transcurrido aproximadamente cuatro semanas desde que el acceso al proyecto ha sido bloqueado ilegalmente y cinco meses desde que el proyecto fue parado unilateralmente por una resolución del MiAmbiente. Esta suspensión de las obras de construcción conlleva graves consecuencias ambientales y económicas.
Las pérdidas económicas incurridas por la empresa a raíz de la suspensión de los trabajos desde Febrero 2015 rondan los US$ 20 millones. El proyecto Barro Blanco conlleva una inversión de US $140 millones y su construcción se encuentra en un 95% concluida.
El proyecto ha generado ingresos para el Gobierno de Panamá por el orden de US$ 8 millones, en pago de impuestos, permisos de concesión, entre otros.
Los directivos de GENISA, manifestan en el comunicado, que ha cumplido con todas las leyes y autorizaciones requeridas por la República de Panamá, en adición a atendido los llamados al diálogo propiciados por las autoridades, manifestado nuestro interés de apoyar un consenso. Lo que no podemos es continuar ante incertidumbres, permitir que se nos bloque ilegalmente la entrada al proyecto y que se violenten los derechos constitucionales de este tipo de inversiones en el país, los cuales sientan un mal precedente.
La empresa Genisa reitera, a través de su boletín de prensa, que al Gobierno Nacional la urgencia de continuar con aquellas obras de construcción previamente autorizadas para evitar riesgos estructurales e inminentes, al igual que la resolución del proceso administrativo pendiente con el MiAmbiente.
