Piden que Justicia sea dota del presupuesto necesario

Los empresarios pidieron hoy que el sistema judicial de Panamá sea dotado con los recursos financieros necesarios y estos se inviertan de forma prioritaria en la implementación de la carrera judicial y la creación de tribunales.

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El pronunciamiento de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) ocurre días después de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, y la fiscal general, Kenia Porcell, indicaran que la asignación presupuestaria del Estado de esos organismos para el 2018 es menor a la que ellos solicitan.

También cuando el sistema judicial es blanco de duras críticas por parte de sectores sociales e incluso del Ejecutivo por recientes fallos que afectan a sonados casos de corrupción que mantienen con medidas cautelares, incluida la detención preventiva, a empresario y exfuncionarios del Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

"En la coyuntura que atravesamos, en la cual nuestro país reclama justicia y ha emprendido una lucha contra la corrupción, consideramos que los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público deben tomar mayor preponderancia, y ser cónsonos con las importantes funciones de estos entes y los resultados que esperamos de ellos", expresó este lunes la CCIAP.

En una declaración pública, la Cámara, que agrupa a más de 1.600 empresas de 15 sectores productivos panameños, exhortó a que "se revisen con detenimiento las vistas presupuestarias" de la CSJ y del Ministerio Público (MP-Fiscalía), "y se realicen los ajustes necesarios, dotándoles de los recursos que les permitan realizar el trabajo que la sociedad les exige, de manera independiente".

A juicio de la CCIAP, los recursos deben ser invertidos de forma prioritaria en la implementación de la carrera judicial, que es "ley de la República desde 2015, y requiere de inversión en infraestructura, tecnología, contratación de personal, evaluación de gestión y capacitación".

También en la creación del Tribunal Especial de Integridad y Transparencia, y de otras cortes para temas de pensión alimenticia, procesos de insolvencia, comarcales y ambientales, que aún no existen por falta "jueces, personal o espacio físico".

La cúpula empresarial abogó además por que los administradores de Justicia panameños sea "las personas más idóneas para el puesto" y que gocen "de estabilidad laboral, compensación y beneficios" que aseguren" que el país pude contar un personal "incorruptible".

El pasado viernes Transparencia Internacional (TI) pidió al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, que nombre el reemplazo de un magistrado del Supremo destituido en 2015 y que dote del presupuesto necesario al sistema judicial como muestra de su voluntad de lograr una Justicia independiente y expedita.

Varela denunció el pasado 31 de agosto que en la CSJ se están dando "situaciones muy delicadas" y que así se lo hizo saber a Ayú Prado, a quien exigió que les ponga fin.

Las palabras de Varela surgieron la misma semana que se filtró a la prensa un fallo del Supremo, de abril pasado, que dejó sin efecto parte de la investigación de la compra supuestamente irregular de unos radares a Italia.

Ese fallo desencadenó criticas contra los magistrados y toda clase de tesis sobre sus supuestas motivaciones, y también contra la Fiscalía por los presuntos errores en las investigaciones y extralimitaciones de los fiscales.

Dos gremios que agrupan a jueces y magistrados de Panamá exigieron por su parte que tanto la independencia del poder judicial como sus fallos sean respetados, y repudiaron el "debate mediático" al que son sometidos los procesos judiciales. AC