PRD arremeten contra caso Odebrecht

Importantes figuras del Partido Revolucionario Democrático (PRD) arremetieron contra la forma en que se están llevando las investigaciones del caso Odebrecht y aseguraron que se le está dando la espalda a la verdad y al pueblo.

Laurentino Cortizo sostuvo que este caso no debería ser un “show” mediático, porque se le había hecho un gran daño a nuestro país, porque se desviaron millones de dólares que de otra forma hubieran podido utilizarse en las comarcas, en seguridad, en salud o en el agro.

“Este es un tema que como panameños exigimos no solo que se sepan los nombres de los implicados, sino que también devuelvan recursos y se castigue severamente a los culpables, no importa de qué partido sean porque se abusó del poder y la justicia tiene que hacer su trabajo.

Por su parte, Gerardo Solís destacó que en este país si eres coimero, pero panameñista, quedas impune, y si el dinero se le dio a un amigo, se le llama donación, pero a los enemigos, se le llama coima.

“En el 2019 vamos a invalidar estos acuerdos de impunidad que permiten que todavía se sigan robando millones de dólares que beneficiarían a miles de panameños.

Según Solís, llama la atención que en los acuerdos que se han logrado no se ha hablado nada de sobrecostos y “permiten que siga la fiesta, esto es darle la espalda al pueblo que cada día se indigna más”, dijo.

En tanto, Guillermo Saint Malo aseguró que lo único que se tiene que hacer es entregar la información con los nombres de los involucrados y darle a la justicia los recursos necesarios para meter preso a los malos y dejar libre a los buenos.

El diputado Quibián Panay recalcó que se debe exigir no solo que Odebrecht devuelva el dinero, sino también todas aquellas personas que han quedado evidenciadas en la trama de corrupción.

“No solo se debe perseguir a miembros de las pasadas administraciones y tengo entendido que también hay funcionarios de la actual administración cuyos nombres saldrán a relucir”, destacó.

Para Panay no se puede volver a permitir que una organización criminal que corrompió a ejecutivos bancarios, a abogados y funcionarios vuelva a operar en el país.