Presentan demanda de nulidad contra decreto

La abogada y diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez, presentó hoy ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de nulidad contra el Decreto Ejecutivo, que permite renovar los permisos laborales y migratorios a los extranjeros que fueron beneficiados mediante la jornada de regularización "Crisol de Razas". Rodríguez afirmó que están demandando este decreto por inconstitucional y solicitan la suspensión de este acto. La diputada dijo que este decreto "disfrazado" tiene la intención de otorgarle permanencia en el país a los extranjeros y que le resta la oportunidad a los nacionales de lograr una plazas de empleo, ya que las mismas están acaparada por este grupo. Justificación del decreto El Gobierno Nacional firmó un Decreto que extiende el estatus migratorio a unos 39 mil extranjeros que fueron beneficiados por el programa Crisol de Razas. De acuerdo al ministro de Seguridad Pública, a través de este Decreto se reglamentarán las renovaciones de los permisos provisionales de regulación migratoria extraordinaria exclusivamente para aquellos extranjeros que cuentan con sus documentos vencidos. Este Decreto tiene como base que desde el año 2010, se iniciaron los procesos de Regularización Migratoria con el objetivo de que se legalizaran a los extranjeros en condiciones de migratorias irregulares, y a la fecha están próximos a vencerse o ya se han vencido los carnés de estos permisos provisionales de regulación migratoria extraordinario. Los fondos que se recauden con el Decreto de Control Migratorio serán utilizados en obras sociales y en la capacitación de los funcionarios de Migración. En este sentido se informó que el 80% de lo recaudado se traspasará a la Presidencia de la República para los programas de ayuda social y seguridad, mientras que el 20% será destinado al Fondo Especial para el Desarrollo del Recurso Humano del Servicio Nacional de Migración. Ante esta situación los beneficiarios del proceso de Regularización Migratoria quedarían en estado de irregularidad, por lo que se hace necesario concederles un permiso que les permita seguir colaborando con el desarrollo nacional y contribuir con el desarrollo económico nacional a través del pago de sus obligaciones con el Estado panameño.