'Presidente falta a la verdad', asegura Herrera Morán

Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados acusó al presidente Juan Carlos Varela de faltar a su palabra y mentirle a la comunidad.

Por: Redacción -

La Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados acusó al presidente Juan Carlos Varela de faltar a su palabra y mentirle a la comunidad nacional luego de que la semana pasada enviara a una cárcel en Punta Coco, en el extremo sur de la isla del Rey, la más grande del archipiélago de Las Perlas a los delincuentes José Cosio, Azael Ramos y Carlos Mosquera. Carlos Herrera Morán, presidente de la referida comisión, dijo que el 15 de abril pasado, en la víspera de la celebración de la Cumbre de las Américas, el presidente Varela había anunciado su decisión de desistir de su iniciativa de utilizar una base del Servicio Nacional Aeronaval como un centro de reclusión. Dos mes y medio más tardes, dijo Herrera, el presidente Varela y su ministro de Gobierno, Milton Henríquez trasladan a Isla Coco a Cosio, Ramos y Carlos Mosquera según se lo confirmó la propia Policía Nacional, tras 48 horas de desconocer el paradero de esos detenidos. Cosio y Ramos, acusados de varios delitos, son expertos en fuga mientras que Mosquera se le vincula con tráfico de drogas. La medida de Varela, dijo Herrera Morán, viola convenciones internacionales y la propia Constitución panameña que garantizan que toda persona procesada, detenida o condenada tiene derecho a mantener de manera interrumpida la defensa de un abogado. Herrera Morán anunció que un equipo de abogados presentará esta semana ante la Corte Suprema un recurso de habeas corpus correctivo. Ya la Defensoría del Pueblo ha indicado que la decisión del Gobierno de trasladar privados de libertad hacia la referida isla penal so pretexto de impedir que prosigan en actos delictivos, envía un mensaje negativo a la sociedad al reconocer que las acciones de seguridad puestas en marcha en centros penitenciarios no han sido efectivas. “Coartar derechos como: la salud, comunicación, visitas familiares, acceso a la justicia, debido proceso, entre otros, representa suficientes elementos para que el Estado sea demandado ante organismos internacionales de Derechos Humanos al contravenir la Constitución Política y demás normas”, dijo la Defensoría.

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