Procurador: inconstitucional jubilaciones de militares jefes de Fuerza Pública

El mandatario Juan Carlos Varela contempla designar al jefe de espionaje, Rolando López, y al ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt como directores de la Policía Nacional y del Senan, respectivamente.
Procurador: inconstitucional jubilaciones de militares jefes de Fuerza Pública

Procurador: inconstitucional jubilaciones de militares jefes de Fuerza Pública

Por: Redacción Crítica -

El sueño de los militares Rolando López, Alexis Bethancourt, Omar Pinzón, Cristian Hayer, Eric Estrada, Javier Carrillo y Belsio González de jubilarse con un salario próximo a los $10 mil, es inconstitucional, según advirtió el procurador de la administración, Rigoberto González.

González expresó ese criterio al emitir su opinión en una demanda de inconstitucionalidad promovida por el economista Juan Jované contra el artículo 46 de la Ley 93 del 7 de abril de 2013, que reorganiza el Senan.

El cuestionado artículo permite que los directores de los estamentos de seguridad, tras 25 años de servicio, se jubilen con su último salario en detrimento del resto de los profesionales panameños, cuyo tope máximo de jubilación es de $2,500.

Para el excandidato presidencial Juan Jované esa ley crea una distorsión a favor de los jefes militares.

El mandatario Juan Carlos Varela contempla designar al jefe de espionaje, Rolando López, y al ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt como directores de la Policía Nacional y del Senan, respectivamente.

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Las jubilaciones especiales a los militares ya representan desembolsos para el Estado por $65 millones y dentro de poco se estima que se dispararía a $100 millones, lo que es insostenible.

La mayoría de los policías se jubilan a los 52 años y con una expectativa de vida de 80 años, los uniformados recibirían pagos de pensiones durante 28 años. El extra –sin contar la pensión tope mensual de $2,500- sería como mínimo de un millón 512 mil dólares. Si son al menos 10 los militares en esa situación, el costo para el Tesoro Nacional sería de más de $15 millones.

La inconstitucionalidad del pago a la cúpula castrense deberá definirla la Corte Suprema de Justicia.

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