Rebaja de grado de inversión a Panamá

La calificadora de riesgo Fitch Ratings despojó a Panamá de su grado de inversión por problemas fiscales y de gobernanza agravados por el cierre de Minera Panamá, a la vez que advirtió sobre riesgos en el endeudamiento.

La calificadora dijo que la rebaja de calificaciones a ‘BB+’ refleja desafíos fiscales y de gobernanza que se han visto agravados por los acontecimientos que rodearon el cierre de la mina más grande del país y que los grandes déficits fiscales y el bajo rendimiento de los ingresos han impulsado algunos de los mayores aumentos de la deuda pública/PIB y de los intereses/ingresos entre pares desde 2019 antes de la pandemia.

El gobierno del perredista Laurentino Cortizo ya disparó a más de $50 mil millones sin realizar mayores obras de infraestructuras. Al asumir el poder, el saldo de la deuda pública era de$26,612.42 millones.

La calificadora también destaca que el aporte de la minera representaba el 5% del PIB, el 7% de los ingresos externos corrientes y privará al gobierno de regalías anuales previstas y plantea la amenaza de un costoso arbitraje.

Panamá todavía mantiene el grado de inversión de las calificadoras Moodys y S&P, aunque ésta última asignó al país en noviembre una perspectiva negativa.

Panamá celebrará elecciones generales el 5 de mayo y Fitch espera que cualquiera de los probables ganadores de la presidencial se aboque a una consolidación fiscal. La calificadora reconoce que José Raúl Mulino, del partido Realizando Metas, emerge como el favorito.

"Sin embargo, es probable que la ralentización prevista del crecimiento, el tenso contexto social y la fragmentación de los partidos limiten el margen de acción, y la recuperación del espacio fiscal y la credibilidad requerirán tiempo", agregó. Fitch había otorgado el grado de inversión a Panamá en marzo de 2010.

Sin embargo, Fitch sostiene que de contrarrestar estas debilidades fiscales e institucionales, y respaldando la Perspectiva Estable, hay sólidas perspectivas de crecimiento a mediano plazo de Panamá, que no se verán muy perjudicadas por el episodio minero, y se centran en las actividades logísticas y el activo estratégico de Panamá. Canal. También están respaldados por un alto PIB per cápita, una baja inflación y una estabilidad macrofinanciera anclada en la dolarización.

La calificadora estima que independientemente del resultado de las elecciones, sigue siendo incierto si la mina podrá reabrirse y cuándo y es poco probable que esto suceda rápidamente, ya que requeriría una nueva administración para lograr un cambio importante en el sentimiento popular y superar obstáculos legales, como revocar una moratoria minera recientemente promulgada.

También se revela que el déficit del sector público no financiero cayó al 3% del PIB en 2023, en línea con el límite de la regla fiscal (LRSF), pero fue de alrededor del 4.5% del PIB neto de grandes ingresos extraordinarios. El presupuesto de 2024 proyecta ingresos resilientes a pesar de un crecimiento más lento y la sequía que afecta al Canal, y autoriza grandes aumentos de gasto para cumplir con los mandatos legales para educación y salarios, lo que anticipa un déficit implícito del 5.6%.

Las autoridades esperan subejecutar considerablemente el presupuesto para cumplir con el límite del LRSF del 2%, pero esto parece dudoso en opinión de Fitch y se estima que aumentará al 4,7% debido a la pérdida de los gastos extraordinarios, ingresos más débiles del Canal debido a la sequía, mayores costos de intereses y otros aumentos del gasto.

Además se reconocen los esfuerzos para abordar la evasión fiscal que podrían ayudar, pero podrían ser necesarios aumentos de tasas o recortes en las exenciones para importantes mejoras, pero eso sería políticamente difícil.

La mayoría de los candidatos han prometido esfuerzos para recortar los gastos operativos, pero puede ser difícil lograr grandes ahorros dada la demanda de mejores servicios públicos. Podría ser difícil reducir significativamente el gasto de capital, dados los desembolsos para proyectos en curso, los que ya se completaron bajo mecanismos de "pago diferido" y los nuevos proyectos prometidos por la mayoría de los candidatos.

El sistema de seguridad social (CSS) tiene un déficit creciente y la atención se ha centrado principalmente en formas de financiar un subrégimen (SEBD) que pronto agotará sus reservas, con poco apetito por reformas paramétricas para contener las presiones subyacentes.

Fitch proyecta que la deuda bruta del gobierno retomará una trayectoria ascendente en 2024 a medida que el crecimiento se desacelere y el déficit fiscal se amplíe, saltando al 60.7% del PIB. Sobre una base consolidada (neta de tenencias de CSS), Fitch proyecta que la deuda aumentará al 56%, por encima de la mediana 'BB' del 53.9%, y a más del 330% como participación de los ingresos, muy por encima de la mediana 'BB' del 190%.

Podrían surgir riesgos adicionales del endeudamiento adicional que podría ser necesario para saldar los atrasos declarados por el sector privado, o de un rescate de la SEBD en caso de que dependa del endeudamiento en lugar de transferencias de activos. Se proyecta que los intereses/ingresos aumenten a alrededor del 17,5% este año, uno de los más altos entre sus pares 'BB' y BBB' y casi el doble del nivel de hace una década, debido al aumento de los costos de los intereses y la erosión de la base de ingresos.

El escenario base de Fitch es que el crecimiento regrese al 4.5% en 2025. Sin embargo, no está claro dónde se estabilizará la tendencia de crecimiento pospandemia de Panamá, dado el entorno de tasas de interés más altas (que afecta al sector clave de la construcción), el espacio más estrecho para proyectos de obras públicas y la efecto que podría tener la disputa en torno a la mina (un proyecto emblemático de IED) sobre la confianza y el entorno empresarial. Fitch no espera que la disputa minera socave el potencial de crecimiento, ya que afecta un enclave de la economía en lugar de las principales actividades logísticas, pero esto representa un riesgo.

Para el economista Ernesto Bazán, asesor del candidato presidencial Ricardo Lombana, la pérdida del grado de inversión, es consecuencia del mal manejo de las finanzas públicas y la irresponsable gestión económica liderada por el Ministro Héctor Alexander y su equipo que acaban de ganar la calificación III- (triple I menos): I = Incompetentes; I = Irresponsables e I = Incapaces.

En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que "expresa su desacuerdo con esta acción de calificación, porque no refleja una correcta evaluación de la situación macroeconómica y social de Panamá, dándole mayor relevancia al cierre de la mina y consideraciones políticas".

"Los fundamentos económicos de la República de Panamá que sustentan la calificación crediticia del país se mantienen sólidos, con un robusto crecimiento económico, baja inflación, una reducción en el nivel del desempleo y el cumplimiento de las metas fiscales. Nuestra economía creció un 7.3% en 2023 y hemos cumplido con los límites fiscales decrecientes, establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal desde el año 2020".

"Llama la atención que la calificadora FitchRatings haya tomado esta decisión de rebajar la calificación de Panamá, a solo 38 días de las elecciones generales del 5 de mayo. Esto es contrario a la posición usualmente adoptada por parte de las agencias de calificación de riesgo durante los períodos electorales".