Sittón denuncia colusión entre el MP y Órgano Judicial

Como “complaciente” ante el Ministerio Público tildó el abogado Sídney Sittón la postura del juez décimo segundo Óscar Carrasquilla durante la audiencia de homologación de las delaciones premiadas de los ejecutivos brasileños de la constructora Odebrecht André Luiz Campo Rabello, Olivio Rodrigues y Luiz Eduardo de Rocha.

“Todos los que fueron en consorcio con Odebrecht, llámese Cusa, llámese FCC, debieron haber sido investigados”, añadió Sittón, quien por otro lado calificó a la Superintendencia de Bancaria panameña de “extremadamente irresponsable en el cumplimiento de sus funciones”.

Añadió que todos los mencionados en el escándalo de Odebrecht tenían dineros depositados en los bancos “más prestigiosos de la plaza”, mientras que solo se han mencionado dos bancos: Multibank y Credicorp.

No descartó que funcionarios de los entes reguladores del sistema bancario hayan sido sobornados “para mirar para otro lado”, según dijo.

“¿Por qué el Ministerio Público no investigó a esos oficiales de cumplimiento?”, se preguntó el abogado, quien criticó la inacción de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por los movimientos de cuentas de los mencionados en el escándalo.

Sittón explicó que dentro de un sistema adversarial, el Órgano Judicial debe poner controles y límites y debe auscultar las solicitudes que le hace el Ministerio Público. “El juez no es un convidado de piedra como lo vimos en esa audiencia”, agregó.

“Esa audiencia (de homologación) no es otra cosa que la colusión entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial”, dijo el abogado, quien reveló que uno de los delatores - André Luiz Campo Rabello- tiene el 1% de las acciones de Odebrecht.

Dijo que desde el momento en que el Ministerio Público pidió el cierre de la investigación por la delación, se cierra la posibilidad de investigar las actuaciones de Odebrecht en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) y en el de Juan Carlos Varela (2014-2019).

Sittón aseguró que Odebrecht dio $3.4 millones al diputado Jorge Alberto Rosas, que fueron utilizados para sobornos, cuando se discutía el contrato ley de la Línea 1 del Metro en la Asamblea Nacional en el 2009.

Igualmente, aseguró que Jaime Lasso, cercano colaborador del presidente Juan Carlos Varela, habría incurrido en el delito de trafico de influencias, al declarar en su diligencia indagatoria, rendida ante el Ministerio Público, que durante la discusión del proyecto de la Línea 1 del Metro, promovió la posibilidad de exonerar del pago de impuesto sobre la renta a la empresa que ganara el contrato.

“Todo lo que narra Jaime Lasso es un delito”, agregó Sittón, quien citó la indagatoria de Lasso, en la que menciona a los diputados Adolfo Valderrama, Alcibiades Vásquez y José Luis Varela como las personas que coadyuvaban en esa labor de cabildeo legislativo.

Por otra parte, Sittón dijo que en marzo y abril de 2017 denunció ante el Ministerio Público sobre los dineros que había recibido la fundación Don James, la sociedad anónima Poseidón, a través de diferentes empresas del “holding” societario de Odebrecht, muchos de eso dineros se canalizaron a través de un banco en Antigua y Barbuda.

Añadió que en su denuncia dio datos precisos de dos tipos de sobornos que dio Odebrecht, uno pagado directamente a Jaime Lasso y a su hija Michelle. Sittón expresó que cuando se hace una donación es de forma directa, de lo contrario, cuando se triangula dinero, entonces se está incurriendo en lavado (de dinero).

Aseveró que sus denuncias fueron desestimadas por los fiscales anticorrupción, pero algunos de esos hechos fueron confirmados por los delatores de Odebrecht.