Varelistas defienden alza de 100% en peajes del Corredor
El alza de peajes en la salida de Chanis se incrementó de $0.25 a $0.50 y la salida hacia Atlapa se aumentó de $0.35 a $0.60.
Varelistas defienden alza de 100% en peajes del Corredor
Por: Aneldo Arosemena Crítica -
Los directivos de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) trataron de minimizar el aumento de hasta 100% en los peajes de algunos tramos del Corredor Sur, alegando que desde el 2007 no se ajustaban las tarifas y que tomando el índice de precios al consumidor (IPC), la tarifa de $2.65 que hoy se paga desde Paitilla hasta el Riande de Tocumen, debería ser de $3.80.
El alza de peajes en la salida de Chanis se incrementó de $0.25 a $0.50 y la salida hacia Atlapa se aumentó de $0.35 a $0.60.
Los aumentos serán implementados a partir del lunes.
Para establecer el alza se contrató una empresa, que midió que en la nueva caseta de Punta Pacífica pasan 3,400 vehículos diarios y no pagaban ni un centavo por entrar a sus casas a través del corredor. Ahora los autos sedanes tendrán que desembolsar $0.35, los autobuses $0.75 y los articulados $1.25.
Sin embargo, el jurista y experto en derecho administrativo, Ernesto Cedeño Alvarado, dijo que el aumento de la tarifa en el Corredor Sur pudiera tener visos de ilegalidad, ya que se hizo a contravía de lo que señala el artículo 24 de la Ley 6 de 2002, que obliga a que el Estado consulte a la ciudadanía, en todos los actos de la administración pública que puedan afectar los intereses y derechos ciudadanos.
“A mi juicio, el instrumento de marras nace a la vida jurídica con una debilidad, no fue consultado con la ciudadanía”, expresó Cedeño Alvarado.
La norma presuntamente infringida por la Resolución N.° 110 de Consejo de Gabinete de 18 de agosto de 2016, es el artículo 24 de la Ley de Transparencia que señala que la administración pública debe establecer modalidades de participación ciudadana en lo relativo a construcción de infraestructuras, tasas de valorización, zonificación y fijación de tasas por servicios.
Cedeño Alvarado citó jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema que señala que la participación ciudadana no es solo informar o pedir opinión sino integrar a la comunidad a la decisión gubernamental.
