Yate de Varela, financiado por cónsules

Uno de los cónsules designados por Juan Carlos Varela cuando era canciller transfirió dineros a la Fundación Don James para la compra de un yate, probablemente el

Uno de los cónsules designados por Juan Carlos Varela cuando era canciller transfirió dineros a la Fundación Don James para la compra de un yate, probablemente el Centuria, propiedad del candidato presidencial panameñista y su hermano José Luis.

Alberto Arosemena, siendo cónsul en Kobe, Japón, transfirió dineros para la compra de un yate. Los depósitos coinciden con el periodo en que Varela compró un yate de $3 millones, siendo una de las figuras de poder en el gobierno del mandatario Ricardo Martinelli.

La investigación destapada por el “Diario Las Américas”, de Estados Unidos, descubrió las huellas de cómo se desviaron sumas considerables de dinero desde los consulados de Corea del Sur y Kobe a cuentas bancarias en Panamá a nombre de la Fundación Don James.

Corea y Kobe eran los consulados contratados por Varela mientras fue canciller. En Corea, Varela nombró a su primo Jaime Lasso, y en Kobe a Alberto Aristides Arosemena, vinculado a su hermano, el diputado José Luis Varela.

Dos de las múltiples transferencias del excónsul Arosemena podrían estar relacionadas con la compra del nuevo yate que adquirió Varela y su hermano entre 2010 y 2011.

De acuerdo con los documentos obtenidos por el diario, Arosemena giró entre mayo y junio de 2012 tres transferencias internacionales del HSBC de Tokio al Global Bank de Panamá por $25,000 cada una para la Fundación Don James.

En dos de las transferencias el excónsul detalló que el dinero iba dirigido a la compra de un “bote” o “yate”.

Las fechas concuerdan con los registros de compra por $3 millones del yate Centuria, un bien de lujo que el hoy candidato presidencial trató de ocultar en Miami tras el rompimiento de la alianza de gobierno.

Varela intentó no dejar huellas de la compra. Para ello utilizó la pantalla de una sociedad anónima en Islas Vírgenes Británicas (BVI) llamada Scorley Assets LTD, pero el contrato de préstamo para el pago de una parte del yate lo identifican como el dueño verdadero junto a su hermano.

La historia del yate “cero kilómetros” marca Bertram, bautizado con el nombre del ron especial que lanzó al mercado la licorera Varela Hermanos, encierra además un posible caso de evasión.

El yate se mantuvo en Miami. Todo empezó en febrero de 2010, cuando Varela era uno de los hombres más influyentes en el gobierno actual y su hermano controlaba la Asamblea Nacional.

Bajo su investidura como vicepresidente y canciller, Varela asistió en esa fecha al “Boat Show” de Miami, llegando a enamorarse de un yate marca Bertram modelo 630, e inició los trámites para su compra a través de un distribuidor en Panamá: Evermarine Corp.

El 9 de agosto de 2011, días antes de la ruptura de la alianza de gobierno, Varela inscribió en el Registro Público el contrato de compraventa de su yate, usando una sociedad extranjera como pantalla.

La firma de abogados Icaza, González-Ruiz y Alemán, en la que uno de los directores era vicecanciller de Varela y hoy su vocero, Álvaro Alemán, fue la que hizo los registros de la nave en Panamá. El documento notariado reveló que Evermarine Corp. de Belice vendió a favor de Scorley Assets LTD, de Islas Vírgenes Británicas, el yate Centuria por solo un dólar.

El 18 de noviembre de 2011, dos meses después del registro en Panamá del contrato de compraventa del yate, el nombre de Varela sale a relucir en un préstamo bancario con el Towerbank International de $2 millones para financiar parcialmente la adquisición del Centuria, pagaderos en un plazo de 120 meses y una tasa de interés anual de 6.75%.

Corea del Sur y Kobe eran los consulados que financiaban a la Fundación Don James.

Entre 2009 y 2011, los cónsules de Panamá en Corea del Sur y Kobe fueron los principales y recurrentes depositantes de dinero en las cuentas de la Fundación Don James, reveló la investigación del “Diario Las Américas” de Estados Unidos.

La Fundación Don James llegó a mover entre sus cuentas bancarias unos $13 millones. Documentos bancarios de una de sus cuentas revelan que parte de los fondos fueron triangulados a cuentas de Juan Carlos Varela.

Sin embargo, las cuentas de la Fundación Don James podrían haberse mezclado con dineros de una red desarticulada en Estados Unidos que lavó más de $150 millones de apuestas ilegales por internet, de acuerdo con la investigación periodística.

La figura de enlace habría sido Michelle Lasso, hija del excónsul Lasso, condenada este año por el delito de blanqueo de capitales en Estados Unidos, junto con el cabecilla de la red, Phillip Gurian.

En total, la familia Lasso y la Fundación Don James habrían movido $27 millones entre 2009 y 2011.

Varela ha reconocido que ha recibido donaciones de la Fundación Don James, pero hasta ahora no ha explicado por qué dos de los cónsules que nombró hicieron constantes depósitos a esta cuenta.

Por ejemplo, en diciembre de 2010, Lasso transfirió desde Corea $249,981 a la cuenta en Panamá de la Fundación Don James.

En agosto de 2009, Arosemena envió desde Kobe $44,000 a la cuenta de la Fundación Don James y especifica que eran para la compra de un auto Mercedes Benz CLK240.

En las cuentas de Varela y su familia se han podido identificar depósitos de tres cuentas por $706,533.33, reportó ayer el “Diario Las Américas”.

Según declaraciones de José Luis Varela, los fondos emitidos por la Fundación Don James fueron para la campaña presidencial de 2009, los cuales se reportaron al Tribunal Electoral.

En un comunicado al país, Jaime Lasso del Castillo rechazó las informaciones de El Diario de Las Américas. “Cada una de nuestras transacciones bancarias, realizadas tanto en Panamá como en el extranjero, se han hecho de manera transparente, bajo el marco de las normas legales en todos los países donde se han realizado y jamás he sido investigado por acción criminal alguna, ni en Panamá ni el extranjero”, señala el comunicado.

Según Lasso, ha instruido a sus abogados en EE.UU. y Panamá para que interpongan las acciones civiles y penales contra las personas, medios de comunicación, entidades bancarias y gubernamentales que con “sus acciones calumniosas y difamatorias” han “puesto en peligro nuestra seguridad y la de nuestra familia”.

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