Zulay pide consulta en proceso contra Ayú Prado

Una consulta legal dentro del caso seguido al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, fue presentada ante la Procuraduría de la Administración, por la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez. Rodríguez dentro de la consulta pide al procurador de la Administración, Rigoberto González, aclarar lo referente a la actuación del presidente de la Comisión de Credenciales, Jorge Iván Arrocha, en los distintos procesos que le siguen en esa comisión al magistrado Ayú Prado. A su llegada a la sede de la procuraduría, la diputada Rodríguez, comentó que su consulta busca la opinión administrativa oficial en relación a “si es viable o no”que el diputado Panameñista, José Arrocha, "desconozca" el contenido del artículo 160 de la Constitución Política que se refiere a la función judicial de la Asamblea Nacional. “Yo intento saber si es viables que Arrocha me quite copias de las denuncias contra Ayú Prado…cuál es el miedo Jorge Iván Arrocha…tengo el informe bastante adelantado, pero cómo quieren que termine si tengo las copias incompletas... aquí hay un interés de ayudar a Ayú Prado", advirtió la diputada. Rodríguez, manifestó que su consulta es fundamentada en la Ley 38 del año 2000, que le permite como servidora pública, hacer consultas al procurador de la Administración y en esta ocasión esclarecer si es permisible que el presidente de Credenciales pueda dar una orden de manera arbitraria donde se le quiten los documentos de la acumulación. Aseguró que las actuaciones del diputado Arrocha, son violatorias y pueden caer en serias responsabilidades penales y administrativas establecidas directamente dentro del artículo 200, numeral 3 del Código Judicial, por incurrir en la figura de ignorancia inexcusable de la Ley. La diputada Rodríguez, fue comisionada para que evaluar la posible acumulación de cinco denuncias contra Ayú Prado, presentadas por el juez penal de adolescentes, Juan Domingo Ibarra, quien fue investigado y separado del cargo por orden del pleno de la Corte Suprema de Justicia.