Panamá, martes 2 de septiembre del 2014

Opinion

Caso Cemis

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18 de julio
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Después de 10 años y medio de estallar el escándalo del caso CEMIS, la Corte Suprema de Justicia ordenó enjuiciar al exmandatario Martín Torrijos por el presunto pago de coimas a legisladores para aprobar a fines de diciembre de 2001 el contrato del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios.

El detonante del caso fueron las declaraciones que el 16 de enero de 2002 hizo el hoy también diputado Carlos Afú, quien afirmó que tras la aprobación del proyecto del CEMIS se le entregaron sobres con dinero a miembros de la Asamblea Legislativa. El 17 de septiembre de 2003, la Corte archivó la denuncia, pero a fines del 2009 justificó la reapertura del caso CEMIS, alegando que como el caso correspondía a un proceso penal, "no tenía carácter final, definitiva y obligatoria", porque tal carácter se "reserva únicamente para las dictadas en materia de constitucionalidad y la jurisdicción contencioso-administrativa".

Ahora, un magistrado en calidad de fiscal solicitó enjuiciar a Torrijos por el delito de corrupción de servidores públicos. El expresidente era secretario general del PRD, cuando estalló uno de los mayores casos de corrupción en Panamá.

Ahora le toca el turno a la justicia cumplir su papel. Debe darse una actuación imparcial, valorar las pruebas y fallar en Derecho como corresponde.

Panamá merece que se aclaren los casos de corrupción que se investigan y que se defina si hay o no méritos para enjuiciar a alguien o si los cargos son meras palabrerías del adversario político para fregar al enemigo.

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