Denuncian a procuradora y Arroyo por compra del ‘Metabuscador’

La cuestionada compra directa de una máquina que operaría de forma similar a un centro de espionaje y extracción de datos personales y confidenciales a través de la internet, llamado Metabuscador, es la piedra angular de una nueva denuncia contra la procuradora general de la nación, Kenia Isolda Porcell, donde se pide su separación inmediata del cargo.

La máquina habría sido comprada en España para armar los expedientes de personas fichadas en el plan de venganza política del expresidente Juan Carlos Varela, además del caso Waked, y el caso del extesorero de la campaña del propio exmandatario: Ramón Fonseca Mora y su firma Mossack & Fonseca.

La denuncia de ayer incluye como uno de los posibles responsables a Daniel Arroyo, el mayor ascendido a comisionado de la Policía Nacional estando al servicio de la Procuraduría, donde fue promovido a subsecretario del Ministerio Público.

El nuevo ministro de Seguridad, Rolando Mirones, ya demandó ante la Corte Suprema de Justicia una serie de ascensos irregulares de oficiales fuera de operaciones en la Policía y por sobresaltos en los escalafones.

Fuentes del Ministerio Público afirman que Arroyo es uno de los funcionarios de más poder en el Ministerio Público. Se conoció que el oficial habría acompañado a la procuradora, en ese entonces en calidad de escolta, al menos en un viaje a España cuando estaban negociando el contrato de la compra del servicio del Metabuscador con la empresa Innotec, entre 2016 y 2017.

Ayer el abogado Jamis Acosta Guerra y Luis Eduardo Camacho presentaron ante la Procuraduría de la Administración una denuncia ciudadana contra Porcell y Arroyo, por la supuesta comisión del delito contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos y contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad y extralimitación de funciones o cualquier otro delito en que haya incurrido, tras la compra y operación del Metabuscador.

La denuncia quedó abierta a todos los posibles responsables del supuesto delito, y entre los que se mencionan en el recurso está Yoni Contreras Samudio, el secretario administrativo de la Procuraduría. También se menciona e incluye al exdirector de Consejo de Seguridad, Rolando López, lugar de donde Porcell empezó a armar los expedientes de interés del expresidente Varela, quien luego la nombra procuradora. Además, se pide investigar la posible participación del exsubdirector de la Policía Nacional, Jacinto Gómez.

La denuncia que debe entrar a evaluar la Procuraduría General de la Administración advirtió que debido a publicaciones periodísticas “se hace de conocimiento público la existencia de una presunta organización criminal que ejecutaba, desde oficinas ubicadas en la sede principal de la Procuraduría de la Nación, supuestos delitos que atentan contra la seguridad de los medios electrónicos y que se perfeccionan a través de conductas delincuenciales que atentan contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad y extralimitación de funciones de los servidores públicos”.

“Señor procurador de la administración (Rigoberto González), existen suficientes elementos de convicción que indican que en la Procuraduría General de la Nación existe un programa, con equipos sensitivos, manejados por personal de inteligencia que posee directrices específicas y que se aleja de las responsabilidades primarias de la investigación penal que posee por mandato constitucional la Procuraduría General de la Nacional, al mando de la señora Kenia Isolda Porcell de Alvarado”, solicitaron Acosta y Camacho en su denuncia presentada ayer.

La denuncia afirma que el despacho de Porcell adquirió mediante el contrato directo servicios tecnológicos SDAS-DL-322-2017, un software para dar seguimiento a correos electrónicos, redes sociales y cuentas bancarias con la empresa Innotec System, “siendo el mismo usado con fines que atentan contra los derechos fundamentales de los panameños y que se aleja de la función primaria de la investigación penal que debe ejercer el Ministerio Publico”.

Acosta y Camacho detallaron que el Metabuscador recopila, procesa y transmite información “en forma ilícita”, accediendo a bases de datos, correos electrónicos, cuentas de banco, información personal que se introduce en expedientes y carpetas sin el debido seguimiento de oficios y resoluciones que den fe a que la información recolectada ha sido procesada de acuerdo a lo establecido en los Códigos Judicial y de Procedimiento Penal, al igual que aquellas normas que rigen la investigación penal en la República de Panamá.

El documento asevera también que existe un área definida como “el bunker”, ubicada exactamente detrás del despacho superior de la Procuraduría General de la Nación, en donde se encuentra personal perteneciente al Consejo de Seguridad y que bajo órdenes directas del comisionado Daniel Arroyo, “dirige, analiza y procesa información obtenida ilegalmente y que se transmite directamente a Porcell”.

Uno de los aspectos importantes del Metabuscador y las labores que realiza este equipo y sus programas es identificar indicios criminales sujetos a ser judicializados después. “Identifica información derogatoria o de conducta supuestamente criminal, que luego debe ser judicializada”, advirtió Acosta y Camacho.

“De allí se desprende que muchas investigaciones salen en algunos periódicos, y se convierte en Noticia Criminis, pero el origen de dicha información provenía posiblemente del Metabuscador”.

“Entonces el Ministerio Público posee ahora la capacidad de judicializar la información, pues el periódico da la oportunidad de que dicha información que fue encontrada por el Metabuscador sea ahora introducida en una investigación formal y de acuerdo a los parámetros legales existentes”, explicaron lo denunciantes describiendo lo que sería el método de operar de la procuradora Porcell.

También advirtieron que posiblemente existan documentos cruzados entre la empresa dueña del “Metabuscador”, la empresa española Innotec System S.L.U, y la Procuraduría General de la Nación de Panamá, que revelan que Porcell habría estado usando esta herramienta de búsqueda de información tipo espionaje un año antes de su expedita contratación directa y ratificación del contralor, Federico Humbert.

Acosta y Camacho hacen un pedido especial en su denuncia, que el procurador de la administración, Rigoberto González, asuma su función y le dé admisión a la denuncia y luego se declare impedido de llevar el caso por tener un conflicto de intereses con Porcell.

Ambos denunciantes afirman que en el periodo de Ana Matilde Gómez como procuradora, González fungía como secretario general del Ministerio Público y Porcell como subsecretaria general, desarrollando una conexión como subalterna y hasta lazos de amistad.