Permiso por 6 años para extranjeros del Crisol de Razas
El mandatario Juan Carlos Varela promulgó ayer el Decreto Ejecutivo No.169 que prorroga por 6 años el permiso de residencia temporal a 39,000 extranjeros que lo obtuvieron en las ferias migratorias Crisol de Razas.
"No les podemos decir ahora (a los beneficiados), después de que se acogieron al programa y tomaron ciertas decisiones de vida, que no se les va a renovar el visado. Sería inhumano", dijo el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera.
Cerca de 60,000 personas recibieron permisos de residencia temporal en Panamá con Crisol de Razas, una feria impulsada durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (y de esos quedan en el país alrededor de 39,000 extranjeros que regularizaron su situación a través del Crisol de Razas, que de no haberse firmado el decreto hoy, quedarían en la ilegalidad en la medida que los permisos vayan venciendo.
El ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, precisó que de los 39,000 solo 17,739 tienen permiso de trabajo, porque muchos de los beneficiados son niños, ancianos y amas de casa.
"No se van a otorgar nuevos permisos de trabajo, solo son prórrogas de los ya otorgados", añadió el ministro Carles.
La tramitación de las nuevas residencias temporales tendrá un costo de $517, $1,022 y 2,012, dependiendo de la nacionalidad del inmigrante y no será necesaria la contratación de un abogado, explicó el director general del Servicio Nacional de Migración, Javier Carrillo. Se exceptúa del pago a los menores de 12 años, los que tenga discapacidad profunda, adultos mayores de 85 años, los que sufran enfermedades terminales y por razones humanitarias.
"Panamá es un país de inmigrantes. La inmigración no es un problema de Estado, es una oportunidad (...) pero hay que amoldarla a la oferta laboral del país", indicó el ministro Aguilera.
Los montos recaudados por este permiso serán asignados de la siguiente manera: el 80% al Ministerio de la Presidencia para ayuda social y seguridad; y un 20% para el Fondo Especial para el Desarrollo del Recurso Humano del Servicio Nacional de Migración.
Zulay Rodríguez, quien ha expresado su oposición a la medida, recomendó a sus colegas del Colegio Nacional de Abogados presentar acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia contra el decreto ejecutivo.
Rodríguez recordó que el presidente Juan Carlos Varela "no está por encima de la ley y la Constitución Nacional", y advirtió que por violaciones de esa naturaleza podría ser investigado por la comisión legislativa de Credenciales de la Asamblea Nacional de Diputados.