La Corte Suprema de Justicia nos sorprende otra vez. Ahora la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo dictó un fallo que en la práctica impide que las donaciones hechas al Estado panameño y manejadas por fundaciones, queden sin la debida fiscalización de la Contraloría General del Estado.
El caso se remonta al manejo de 45 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán al Estado panameño, para la construcción de hospitales, en uno de los cuales se reportaron sobrecostos cercanos a los cinco millones de dólares.
La decisión adoptada por dos magistrados de la Corte envía una mala señal a los malos funcionarios para que mañana puedan crear fundaciones privadas para depositar dinero donados por un país amigo y de esa forma hacer lo que les plazca con esos fondos que deben destinarse al desarrollo de proyectos a favor de la sociedad.
La idea de la fundación era minimizar la burocracia y así ejecutar con mayor eficiencia las obras, pero eso no convierte esos dineros en fondos particulares que no deban ser objeto de la auditoría -aunque fuera posterior- de la Contraloría.
En un país como Panamá donde la cultura del juega vivo está enquistada en casi todas las esferas de la sociedad, no se pueden eximir a los que manejan donaciones de la fiscalización de la Contraloría.
Al mismo tiempo, la acción de la Sala Tercera pone en peligro futuras donaciones de países amigos, que pensarían dos veces hacer una donación a Panamá, porque la justicia local, no es capaz de investigar el mal uso que se le puedan dispensar a esos recursos.