Mundo - 01/2/14 - 01:10 AM

Amplia reforma política en México

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó ayer una amplia reforma política electoral, el mayor cambio en las últimas décadas y que entre otras cosas permite la

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México/AP /

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó ayer una amplia reforma política electoral, el mayor cambio en las últimas décadas y que entre otras cosas permite la relección legislativa, crea un nuevo sistema de supervisión electoral y da autonomía a la Procuraduría General del Ejecutivo.

La reforma modifica un tema que había sido tabú desde la época posrevolucionaria de principios del siglo XX cuando se mantuvo una prohibición en México para la reelección de cualquier funcionario.

Ahora, la norma establece que senadores y diputados podrán permanecer en su cargo hasta por un periodo de 12 años, aunque aún limita a los presidentes y gobernadores estatales a un solo mandato de seis años.

“Con la reforma política electoral, México contará con nuevos instrumentos institucionales para facilitar los cambios de fondo que requiera el país en los siguientes años”, dijo Peña Nieto en el acto de promulgación.

Esta es la última promulgación de una serie de reformas que el gobierno de Peña Nieto ha aprobado en el último año con las que busca impulsar el desarrollo de México y que incluye además de la política, áreas como energía, telecomunicaciones, banca y educación.

La reelección se prohibió en la década de 1930, luego de una revolución contra Porfirio Díaz, quien se mantuvo en el poder durante 35 años.

Las modificaciones legales también ajusta el organismo electoral, que cambiará su nombre por el de Instituto Nacional Electoral y podrá en adelante involucrarse en los comicios de los 31 estados, algo que hasta ahora hacían organizaciones estatales.

La mayoría de los 32 estados mexicanos están gobernados por miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Peña Nieto, y los líderes de la oposición aseguran que los gobernadores tienen demasiada influencia en los congresos locales, y por lo tanto, en las autoridades electorales.

El plan también exige a los partidos pequeños que consigan por lo menos el 3% de los votos para tener derecho a la financiación pública, frente al actual 2%.


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