Mundo - 12/8/13 - 01:09 AM

Censuran a periodistas

La directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en Venezuela, Marienela Balbi, advirtió de que en este país se usa el sistema judicial para aplicar

Por: - Lunes 12 de Agosto de 2013 1:09 AM

Caracas/ EFE /

La directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en Venezuela, Marienela Balbi, advirtió de que en este país se usa el sistema judicial para aplicar "mecanismos sutiles", que tienen como objetivo censurar y "asfixiar" a los medios de comunicación que mantienen una línea crítica hacia el Gobierno.

Balbi aseguró en una entrevista con Efe que hace dos años los periodistas de medios independientes de Venezuela sufrían agresiones físicas y amenazas directas para impedir la información, pero que en lo que va de 2013, lo que se ha visto es una tendencia a la apertura de procesos judiciales.

"Hemos estado viendo desde el inicio de 2013 cómo se empiezan a usar los tribunales de justicia, la Fiscalía, las instituciones para criminalizar, señalar y abrirles causas, incluso penales, a los periodistas", indicó Balbi.

IPYS presentó esta semana el informe "Procedimientos judiciales amenazan la expresión en Venezuela", con siete casos producidos en el último mes y otros de años anteriores en los que periodistas, medios de comunicación o dueños de empresas editoriales son sometidos a la lupa del sistema de justicia.

Balbi destaca "la medida de censura" al diario regional El Correo del Caroní, "uno de los casos más llamativos", dijo, pues este periódico hacía un seguimiento a un caso de corrupción en la empresa estatal Ferrominera del Orinoco y la persona acusada ya estaba imputada judicialmente.

"Sin embargo, el tribunal da la orden de censura de que los medios regionales no pueden publicar informaciones sobre este caso", comenta la directora del IPYS que considera una "contradicción" que el Gobierno diga que lucha contra la corrupción y las instituciones del Estado limiten la difusión de informaciones relacionadas.

"El Gobierno nunca va a reconocer que tiene problemas de libertad de expresión (...) no lo va a decir porque justamente se ampara en una legalidad, en una institucionalidad que se ha prestado para eso. La Fiscalía se presta para eso, los tribunales se prestan para eso y eso les da esa careta de legalidad a una cantidad de casos", apunta.

También destaca el caso del presidente del diario “El Nacional”, Miguel Henrique Otero, a quien la Fiscalía ordenó la congelación de sus cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes debido a una demanda civil interpuesta en su contra por otro particular.