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Rechazan recurso contra ley de canal

Mientras tanto la Corte Suprema de Justicia no se pronunció aún sobre un recurso por inconstitucionalidad que presentaron pueblos indígenas contra la Ley del Gran Canal, el 2 de julio.

ManaguaAPUna corte de apelaciones rechazó un recurso de amparo que presentó la empresa privada contra uno de los aspectos de Ley de Concesión del Gran Canal que afectaría el transporte de carga de la región centroamericana.

En tanto, magistrados de la Corte Suprema iniciaron el estudio del recurso de inconstitucionalidad presentado por comunidades indígenas contra la ley, aprobada por mayoría en la Asamblea Nacional, que le da a un empresario chino una concesión por 50 años para la construcción de un canal interoceánico que compita con el de Panamá.

La Corte de Apelaciones de Managua rechazó el recurso de amparo que el Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, presentó el 3 de julio contra la ley de aplicación de escáneres, que forma parte del paquete de leyes de concesión del canal interoceánico.

``Contra leyes aprobadas por la Asamblea Nacional no se puede recurrir de amparo, es improcedente, por eso el pronunciamiento es no ha lugar al recurso'', explicó a la AP el presidente de la Corte de Apelaciones, Gerardo Rodríguez.

La norma cuestionada establece el cobro de 0,26 % sobre el valor total de las mercancías de exportaciones e importaciones del país y 15 dólares a todo vehículo de transporte o pasajeros que ingrese al país, lo cual es considerado como fuera de orden por los empresarios nicaragüenses, transportistas locales y de la región.

Los fondos recaudados por este impuesto irían a solventar gastos generados por el canal.

José Adán Aguerri, dirigente del sector privado nicaragüense, dijo que agotarán todos los medios posibles para cambiar dicha ley y que la próxima semana enviarán al Parlamento una propuesta para reformarla.

``Creemos que no es la mejor decisión la que ha tomado el Tribunal de Apelaciones, pero no nos rendimos con esto, vamos a presentar una reforma de ley, porque esto definitivamente afecta al comercio de la región'', dijo Aguerri a los periodistas al conocer del fallo de la Corte de Apelaciones.

``Estuve con el presidente (Daniel Ortega), estábamos viendo los temas presupuestarios, y está de acuerdo que se examinen las propuestas de reformas que presente el Cosep sobre la ley'', dijo el asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce, al canal 12 de televisión.

Los empresarios calculan que, con la ley tal y como está, cada contenedor pagará en promedio 150 dólares por salir o entrar a Nicaragua, un valor superior a los 18 dólares que se paga como media en el resto de Centroamérica.

Transportistas de carga de Nicaragua y de la región demandaron a los gobiernos del istmo suspender todos los nuevos impuestos al comercio creados recientemente por considerarlos violatorios a los tratados de integración regional e internacional.

Marvin Altamirano, miembro de la Federación Centroamericana de transporte, explicó en rueda de prensa que los costos por entrar y salir de los países del área están afectando seriamente sus economías y por tanto han contemplado hasta cerrar las fronteras desde Guatemala hasta Panamá.

``En Guatemala, Aduana está echando presos a los transportistas, en Costa Rica quieren cobrar 25 dólares por cada vehículo y cinco dólares por persona, en El Salvador lo mismo, ya hemos hablado los transportistas de toda Centroamérica y lo más sensato es hacer un cierre de fronteras si los gobiernos no escuchan al sector'', advirtió Altamirano.

Mientras tanto la Corte Suprema de Justicia no se pronunció aún sobre un recurso por inconstitucionalidad que presentaron pueblos indígenas contra la Ley del Gran Canal, el 2 de julio.

``El recurso por inconstitucionalidad que ha empezado a circular entre los magistrados y que lo estamos estudiando para luego pronunciarnos'', dijo a El Nuevo Diario el vicepresidente de la Corte, magistrado Rafael Solís.

En el recurso los representantes de las comunidades indígenas refieren que en la Ley del Gran Canal, el Estado de Nicaragua no consultó a las comunidades para su aprobación, violando el convenio 169 de la OIT y poniendo en riesgo a las comunidades del Caribe nicaragüense.

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