Responsabilizan a la cúpula del Gobierno venezolano de graves crímenes

Una Misión Internacional que recibió de la ONU el encargo de investigar la situación en Venezuela apuntó hoy de manera explícita la responsabilidad de algunos de los más altos cargos políticos del país en violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Responsabilizan a la cúpula del Gobierno venezolano de graves crímenes

Por: Ginebra - Nacionaes Unidas - Caracas / EFE -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sus ministros del Interior y Defensa, y los altos mandos militares, policiales y de inteligencia son considerados entre los responsables de violaciones de los derechos humanos tan graves que, en ciertos casos, constituyen crímenes contra la humanidad.

Una Misión Internacional que recibió de la ONU el encargo de investigar la situación en Venezuela apuntó hoy de manera explícita la responsabilidad de algunos de los más altos cargos políticos del país en violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

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Los detalles se exponen en un informe de 411 páginas que será presentado al Consejo de Derechos Humanos el próximo día 23.

Según la investigación, los crímenes más comunes cometidos por las fuerzas de seguridad desde 2014 han sido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, dirigidas a tres grupos en particular: manifestantes, ciudadanos opositores o percibidos como tales y supuestos delincuentes.

La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, dijo que la Misión que dirigió -compuesta por otros dos miembros y un equipo técnico de apoyo- revisó 2.500 incidentes que involucraron 4.600 asesinatos "cometidos por las fuerzas de seguridad, y que podemos considerar ejecuciones extrajudiciales".

Por su parte, el comisionado Francisco Cox Vial precisó en una rueda de prensa virtual con periodistas en Ginebra que la Misión recibió información de diversas fuentes que daban cuenta de 3.479 casos de detenciones arbitrarias por razones políticas en los últimos seis años.

Las principales entidades involucradas en los crímenes son la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y en particular las Fuerzas de Acción Especial (FAES), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En su investigación, la Misión no solo entrevistó a víctimas, familiares, abogados y testigos, sino también a policías, militares y miembros de los servicios de inteligencia, incluidos algunos que siguen en funciones, a través de medios telemáticos.

"Lamentamos que el Gobierno no haya respondido a ninguna de nuestras comunicaciones, ni siquiera cuando pedimos permiso para visitar el país y reunirnos con autoridades", explicó la presidenta de la Misión.

A pesar de ello, la Misión consiguió reunir información suficientemente fundada que confirma el patrón sistemático y generalizado de abusos que afectan a la población en general.

De la responsabilidad de Maduro, Cox dijo que la Misión obtuvo información que indica que el presidente ha dado en ocasiones órdenes directamente al director del SEBIN para seguir a alguien en particular.

La persona en cuestión era puesta bajo vigilancia, se reunía información sobre ella, se interceptaban sus comunicaciones y luego era detenida sin orden judicial, "solo porque había una orden del presidente", explicó.

Cuando se trataba de reprimir a un oponente, no sólo éste era la víctima, sino también lo eran sus familiares, amigos, colegas y activistas que lo defendía, y ahora se sabe que en muchos casos el SEBIN "falsificó evidencia", para lo cual colocaba una supuesta prueba de delito en la casa de la víctima, sobre todo armas.

Otra táctica ha consistido de distorsionar el resultado de redadas en casas o inspecciones de vehículos.

Por otra parte, la Misión descubrió numerosos actos de tortura, como palizas, asfixia con agua o productos tóxicos, violencia sexual, mutilaciones, descargas eléctricas y diversos modos de tortura psicológica.

A algunos detenidos se les ha obligado a permanecer desnudos durante varios días.

Todo ello tenía el objetivo de hacerles firmar "confesiones" o documentos testificando que se habían respetado sus derechos.

Otro aspecto menos conocido de estos crímenes es que en muchos casos las víctimas eran delincuentes menores o personas que supuestamente pertenecían a bandas criminales, quienes eran ejecutados para eliminar lo que el gobierno considera malos elementos.

Ello ha ocurrido sobre todo en operaciones policiales, donde los agentes recibían autorización para matar, aunque la versión oficial afirmaba que la víctima había muerto porque se resistió al arresto o abrió fuego.

La Misión menciona en su informe que cree que la Policía encubría los asesinatos simulando confrontaciones, destruyendo pruebas, poniendo una pistola en la mano de la víctima y disparando para que queden rastros de pólvora.

En casi todos los casos investigados se encontró que la Policía prácticamente saqueaba la casa de la víctima, llevándose alimentos, ropa, aparatos electrónicos y todo bien de valor.

Varias fuentes contaron a los comisionados que esto se había convertido en un incentivo para asesinar, en vista de los bajos salarios de los policías.

Guterres pide a Venezuela que se tome en serio el informe sobre graves crímenes de lesa humanidad

El jefe de la ONU, António Guterres, urgió este miércoles a las autoridades venezolanas a tomarse “muy en serio” el informe de la Misión Internacional de Investigación, encargada por la ONU para documentar la situación en el país, en el que se acusa al Gobierno y a los organismos de seguridad estatales de cometer crímenes de lesa humanidad.

Guterres, preguntado al respecto en una conferencia de prensa, consideró que el informe es “muy preocupante”.

El documento fue hecho público este miércoles en Ginebra y señala al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a sus ministros del Interior y Defensa, y a los altos mandos militares, policiales y de inteligencia entre los responsables de violaciones de los derechos humanos tan graves que, en ciertos casos, constituyen crímenes contra la humanidad.

Según la investigación, los crímenes más comunes cometidos por las fuerzas de seguridad desde 2014 han sido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, dirigidas a tres grupos en particular: manifestantes, ciudadanos opositores o percibidos como tales y supuestos delincuentes.

La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, dijo que su equipo -compuesto por otros dos miembros y un equipo técnico de apoyo- revisó 2.500 incidentes que involucraron 4.600 asesinatos "cometidos por las fuerzas de seguridad, y que podemos considerar ejecuciones extrajudiciales".

Las principales entidades involucradas en los crímenes son la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y en particular las Fuerzas de Acción Especial (FAES), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Mientras, Guterres destacó como un acontecimiento “positivo” el que el Gobierno venezolano haya renovado recientemente su acuerdo de cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, y aceptado que sus funcionarios en el país tengan una mayor autonomía jurídica.

Preguntado por la invitación hecha por Venezuela a la organización para que observe las elecciones legislativas previstas para el próximo 6 de diciembre, el secretario general recordó que la ONU sólo puede asumir este tipo de tareas si así se lo encarga la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, por lo que todo depende de esos órganos en los que están representados los países.

La oposición venezolana aplaude el informe de la ONU que señala al Gobierno de criminal

La oposición de Venezuela valoró este miércoles como "un paso muy importante" para determinar responsabilidades el informe de la Misión Internacional de Investigación, encargada por la ONU para documentar la situación en del país, en el que se acusa al Gobierno y a los organismos de seguridad estatales de cometer crímenes de lesa humanidad.

"Es un paso muy importante esto que ha ocurrido el día de hoy, que una misión independiente determine que en Venezuela la violación de los derechos humanos es una política de Estado", dijo a Efe el diputado opositor Miguel Pizarro, designado por Juan Guaidó -reconocido como presidente interino por medio centenar de países- como Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas.

"Es importantísimo, sobre todo por ese esfuerzo nuestro de determinar las responsabilidades individuales y las cadenas de mando dentro de los abusos y todas las tropelías que han ocurrido en Venezuela", añadió.

Pizarro también dijo que el informe "es un paso en la dirección correcta en el largo camino" para la reparación y justicia de las víctimas, y que permite "dibujar los abusos" de cuerpos de seguridad del Estado venezolano, como el DGCIM, FAES y SEBIN, a los que acusó de ser "brazos de exterminio" y "persecución".

"Esto vuelve a dibujar a la dictadura (de Nicolás Maduro) como lo que es: un régimen opresor que utiliza las fuerzas del Estado (...) para acallar a la disidencia, a la oposición, a quienes piensan distinto", prosiguió Pizarro.

Los crímenes identificados por la Misión encargada por la ONU van desde ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, en una serie de 223 casos que se pudieron investigar y documentar en detalle, a pesar de que el Gobierno venezolano ha negado la autorización para que sus miembros entren al país.

Esos casos están relatados en un informe de 411 páginas elaborado por la Misión, que ha revisado un total de 2.891 casos para poder corroborar el patrón que han seguido estos crímenes en Venezuela, que, "lejos de ser aislados, fueron coordinados y cometidos conforme a políticas estatales".

Por su parte, Guaidó dijo, a través de su cuenta de Twitter, que este informe "mueve el tablero" a favor de la lucha opositora "por la libertad y justicia para las víctimas".

"El Informe de la Misión de la ONU despeja cualquier duda: Maduro es un criminal que además de respaldar el narcotráfico y terrorismo, comete delitos de lesa humanidad", apuntó en un mensaje divulgado en su cuenta de Twitter.

Gobierno venezolano rechaza informe de ONU por estar "plagado de falsedades"

El Gobierno de Venezuela rechazó este miércoles, "por estar plagado de falsedades", el informe que presentó una Misión Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU) según el cual el presidente Nicolás Maduro y otras altas autoridades del país han incurrido en crímenes de lesa humanidad.

"Un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington", dijo en Twitter el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en la primera reacción del Gobierno a estos señalamientos.

Arreaza reiteró que el Ejecutivo de Maduro no reconoce "ningún mecanismo politizado e inquisidor, creado con fines ideológicos por países con pésimos récords en DDHH, para agredir a Venezuela y tratar de dañar la relación con la Oficina de la alta comisionada" de la ONU para estos temas, Michelle Bachelet.

"Nuestra cooperación con el Consejo de DDHH de la ONU se ha generado de manera coordinada y constructiva con la Oficina de la Alta Comisionada. Los avances han sido notorios y así lo ha reconocido Bachelet al anunciar la renovación de nuestra relación", agregó el jefe de la diplomacia de la llamada revolución bolivariana.

Sin embargo, el Ejecutivo venezolano incumplió las recomendaciones de los informes de Bachelet y rechazó su contenido, excepto en los puntos en los que se refiere a los avances y mejoras del país, por lo que las declaraciones de Arreaza chocas con las hechas anteriormente por el Gobierno de Maduro.

La Misión Internacional en cuestión, a la que la ONU encargó investigar la situación de derechos humanos en Venezuela, ha concluido que Maduro y sus ministros del Interior y Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

El informe publicado hoy por esa Misión ofrece amplia información "que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados".

"La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior (Néstor Reverol) y de Defensa (Vladimir Padrino) contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe", se señala en las conclusiones de la investigación.

Las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).

También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.EFE

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