ACP asume construcción de la ampliación

Redacción

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El consorcio Grupo Unidos por el Canal  envió  una carta a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en la que renuncia a continuar con la construcción de las nuevas esclusas por un sobrecosto que han conllevado los problemas surgidos en el último año, revela el medio español “El Confidencial”

Según han confirmado fuentes próximas a la constructora, la imposibilidad de llevar a cabo los trabajos en el precio pactado les ha llevado a renunciar a terminar la obra, que ya estaba completada en un 64%.

Por el contrario, fuentes próximas al Gobierno de Panamá han indicado que ha sido la ACP la que ha decidido tomar el control de la infraestructura ante la incapacidad de Sacyr y de Impreglio de cumplir con las cláusulas de la concesión.

Sacyr y su socio italiano y la holandesda Jan de Nul consiguieron la que se ha llamado una de las grandes obras de ingeniería del siglo XXI en 2009 por una oferta de $3,118 millones. Se impuso en licitación a la poderosa Bechtel que  pidió 4,185 millones de dólares. El precio fijado por la ACP era de $3,481 millones.

 Grupo Unidos por el Canal ha pedido sobrecostos que ya superaran los $1,400 millones y sobrepasa la oferta original de Bechtel.

 En su momento, los perdedores de la licitación acusaron a los ganadores de hacer una oferta temeraria, con unos costes tan ajustados que no se podrían desarrollar los trabajos.

En las últimas semanas la tensión entre Sacyr y la ACP había crecido de tal manera que el consorcio español envió un comunicado el pasado día 16 en el que reiteraba su disposición a cumplir con lo pactado y terminar las esclusas en el primer semestre de 2015, nueve meses más tarde de lo previsto inicialmente. El canal de Panamá quería que la obra estuviera finalizada en octubre de 2014, cuando se cumplen los 100 años de la primera construcción que une el Atlántico con el Pacífico.

Al mismo tiempo, la ACP respondió a Sacyr amenazándole con tomar las obras del canal si la parte española no se ajustaba al contrato. Sacyr había reclamado a un tribunal de arbitraje más de 600 millones de euros en sobrecostes que Panamá se ha negado a abonar. En los últimos meses, tanto la ministra de Fomento, Ana Pastor, como el Príncipe Felipe visitaron el país centroamericano para respaldar a Sacyr al considerarse uno de los grandes contratos que enarbolan la bandera de la llamada Marca España.